El Nacional, 27 de marzo 2016
En 2012 (último de la presidencia de Hugo Chávez, antes de su fallecimiento), Venezuela, ya convertida en una economía de puertos, importaba 60 millardos de dólares. 28% de esos productos venía de Estados Unidos, 16% de China, 9% de Brasil y 4% de Colombia y Argentina, respectivamente. Se exportaban 80 millardos de dólares, 47% de estas ventas a Estados Unidos, 17% a China y 14% a la India; 80%, petróleo crudo y el resto, productos petroleros refinados o derivados.
En este momento, el país, absolutamente dependiente de sus mermadas exportaciones petroleras, exporta cerca de 37 millardos de dólares e importa 36 millardos de dólares. Y las importaciones ya no solo incluyen hasta el café sino también petróleo y gasolina (cuyo valor ya está por encima de 8% de las importaciones totales). No obstante ese precario equilibrio en la cuenta comercial, el movimiento de capitales hacia el exterior en la balanza de pagos se ve seriamente comprometido cuando se asume el servicio de la deuda externa, que monta algo más de los 15 millardos de dólares anuales.
Para ilustrar la magnitud del efecto destructivo del modelo económico ensayado en Venezuela, recordemos que nuestros vecinos andinos, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, mantienen reservas internacionales líquidas (excluyendo oro y derechos especiales de giro ante el FMI) del orden de los 59, 44, 15 y 4 millardos, respectivamente, mientras Venezuela tiene solo 2,6 millardos de dólares.
Como tercer dato, el valor agregado del patrimonio de toda la banca venezolana, por el efecto de la brutal devaluación, en términos reales no supera los 500 millones de dólares.
Finalmente, la economía entra en su cuarto año consecutivo de decrecimiento, acumulando ya una pérdida en el PIB de más de 11%. Entre tanto, más de 30 millones de hectáreas cultivables en manos del Estado se mantienen totalmente improductivas; y el desempleo abierto y encubierto, sumado al subempleo, afecta a más de 50% de la población laboralmente activa del país.
Por su parte, los salarios siguen atados a una ficción cambiaria, mientras la devaluación y las distorsiones los van dejando rezagados hasta el punto de que el valor de la canasta alimentaria, por sucesivos los ajustes en la estructura de costos y precios, representa más de 12 salarios mínimos.
Con este pliego de datos podemos destacar tres conclusiones:
En medio de una increíble contracción económica signada por la caída en los precios del petróleo, el gobierno de Nicolás Maduro ha escapado hacia adelante sin hacer nada por estimular la producción y reduciendo el consumo de los venezolanos en casi 50%. Sin decretarlo, el gobierno ha metido al país en una brutal política de racionamiento, sin asomar una hoja de ruta para retomar el camino del crecimiento.
Venezuela tiene menos de un mes de importaciones en reservas internacionales; y cada vez que se aproxima un pago de deuda externa, sacrifica el flujo de importaciones agravándose de forma dramática la contracción del consumo.
Si mañana un grupo de inversionistas decididos a trabajar por el país decidieran emprender 5 o 6 proyectos de envergadura, la banca toda no tendría capacidad de prestarles los fondos requeridos, dado el actual patrimonio del sistema bancario.
Y, finalmente, si se hiciera un ajuste en el salario, que permitiera el consumo de la canasta básica, posiblemente la mayoría de las empresas del país tendría que cerrar.
Una situación de esta magnitud no puede resolverse sin un plan que sume el apoyo de todos los sectores del país, empresariales, gubernamentales, políticos, sindicales y gremiales. La aguda tendencia al deterioro, con la gente a merced de la escasez y la inflación más alta del mundo, no puede abordarse promoviendo una conflictividad política que constituiría un serio agravante de la crisis.
Venezuela no solo requiere un mecanismo de transición política e institucional. Es preciso acompañar ese proceso con una transición hacia un nuevo modelo económico, que comenzaría con una fase de ajustes acordados y programados con el apoyo de todos los sectores, enmarcados en ese acuerdo de gobernabilidad política con el que comienza la transición.
Hay grupos que piden la renuncia del presidente y otros la enmienda constitucional. Ambas propuestas se ahogan en la conflictividad o mueren en la Sala Constitucional del TSJ.
Otros actores promueven el referendo revocatorio. Diera la impresión de que si la recolección de firmas para convocar este último se hiciese conjuntamente con las elecciones regionales a final del año, el revocatorio podría ocurrir dentro de los últimos dos años del actual periodo constitucional. De esta manera se habilitaría una transición negociada, encabezada por un vicepresidente capaz de expresar consensos, para abordar la primera etapa del costoso ajuste económico que se impone.
Si revocatorio se produjera este año, y antes de entrar en el último bienio del periodo constitucional, estaríamos entonces enfrentados a un escenario de elección general (presidente y gobernadores de estados), en medio de una crisis económica agravada en la dinámica electoral. Quien resulte electo tendría que formar una coalición o acuerdo de gobernabilidad de anchísima base. De lo contrario, la turbulencia del ajuste económico ineludible lo dejaría sin capital político en cosa de meses, lo que agudizaría la crisis en todas sus manifestaciones.
Es sencillo darse cuenta de que a estas alturas no hay caminos o estrategias supremacistas en que oficialismo u oposición puedan salir airosos. Tarde o temprano, tendremos que allegarnos a un gran acuerdo nacional. Si nos tardamos demasiado quizá terminemos importando aire para aliviar la asfixia que ya asedia la vida cotidiana de los castigados venezolanos.
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