¿Hacia dónde va Venezuela, tras el anuncio chucuto de Maduro?

El Columnero, 22 de febrero 2016

Da la impresión de que el Gobierno de Maduro en Venezuela no termina de comprender el problema económico. Sus medidas de ajuste siempre llegan tarde y se quedan cortas ante la inmensa distorsión creada a lo largo de tres años, debido el aplazamiento del cambio por razones políticas. 

Además, los ajustes llegan ajenos a un plan que responda con claridad tres interrogantes: 1) ¿Cuál es el mapa financiero para resolver el conflicto entre mantener el nivel exigido de importaciones y el servicio de la deuda al día?; 2) ¿Cómo dar la vuelta al problema de producción petrolera con nuevas inversiones, en el contexto de esta nueva realidad de precios bajos?; y 3) ¿Qué medidas concretas, de impacto en sectores de posible reactivación en el corto plazo, se tienen, como podrían ser la construcción (viviendas e infraestructura), el agro y la capitalización para el relanzamiento de las empresas básicas así como las empresas de servicios (sector eléctrico, agua)?

Es fácil entender por qué sus respuestas son siempre incompletas y sus resultados los llevan de una crisis a otra. El Gobierno de Maduro no termina de entender que para salir de este cuello de botella, para derrotar los obstáculos y reactivar la economía, la respuesta no es simplemente política; y que los ajustes deben estar vinculados a una estrategia cuyas claves son la inversión privada y el emprendimiento. Y tampoco ha dado muestras de haber captado el hecho de que ambas cosas dependen de confianza, expresada en un marco jurídico de respeto a los derechos individuales y la propiedad privada, de un poder judicial efectivo e imparcial para la defensa de los derechos individuales; y de una inversión sostenida en capital humano (educación y salud) e infraestructura de apoyo a la producción (transporte, servicios, comunicaciones, energía) que nos haga competitivos, que es donde debe enfocarse el Estado como agente de la reactivación económica.

Por otro lado, está el asunto financiero. La deuda externa, contraída en el contexto de la actual estructura de precios del petróleo, de bajos volúmenes de producción y dependencia absoluta de las importaciones, es sencillamente insostenible sin un refinanciamiento coherente, que cambie el perfil del endeudamiento nacional y ofrezca dinero fresco para financiar la transición en medio de los déficits y distorsiones, incluyendo recursos para sostener programas sociales bien enfocados. 

Esa transición debe estar acompañada, además, por un mecanismo de conversión de deuda en inversiones, que permita reducir el monto de la deuda y orientar flujos de capital hacia los sectores con impacto empleador y reactivador en el corto plazo. Para ello, de nuevo, la clave es crear confianza, ofrecer credibilidad, con base en planes que evidencien un amplio acuerdo político y empresarial. Esto nadie parece entenderlo en el Gobierno.

Así las cosas, no es difícil predecir hacia dónde va Venezuela, a la luz de las medidas incompletas y sin visión de largo aliento que nos propone Maduro. Vamos hacia la profundización de la crisis social y económica, que no quede ninguna duda, lamentablemente. Y con ello nos aproximamos a un proceso urgente de transición que debemos hacer todo el esfuerzo para canalizar por la vía del diálogo y las instituciones democráticas, en el marco de la Constitución. 

La pregunta que flota es: ¿quiénes en el oficialismo lo entienden? No tardaremos mucho en saberlo… Esperamos. Por el bien del país.

En la ciudad está el cambio

El Nacional, 14 de febrero 2016

En estos días devoré un libro titulado “Si los alcaldes gobernaran el mundo: Naciones disfuncionales y ciudades emergentes”, de Benjamin Barber, reconocido, audaz, profundo y disruptivo intelectual de la politología contemporánea en Estados Unidos.

Como toda idea ruptural, su planteamiento es poderoso y desafiante. Barber atribuye buena parte de las crisis que atraviesa el mundo contemporáneo al hecho de que tenemos instituciones que responden a realidades superadas por la revolución tecnológica y social, y a que seguimos empeñados en buscar respuestas desde ese paradigma obsoleto. Propone Barber que dejemos de pensar en el Estado Nación como dispensador de soluciones y nos enfoquemos en la Ciudad como epicentro de las políticas públicas. 

Similar reflexión, en paralelo y por otros caminos, que abordan, más allá de lo político, los mercados, los negocios y la educación misma, hace Moisés Naím en su libro “El fin del poder”. Una  de las conclusiones de Naim es que las instituciones de las cuales esperamos respuestas para grandes problemas globales no tienen capacidad de respuesta como hace tres o cuatro décadas. Naím plantea que vivimos en una sociedad donde Google cambió las reglas del juego comunicacional, del acceso al conocimiento y el mercadeo; donde el valor de capitalización de Apple es mayor que el de Exxon o en el volumen de los activos que manejan los "hedge funds" mayor que los que administra la banca; y donde se multiplican situaciones como la ocurrida en la industria de la fotografía donde unos jóvenes crearon Instagram, una plataforma que ahora es más importante que la fallida Kodak.

En este panorama de marcos fluctuantes, Barber nos recuerda en su libro que las ciudades son los enclaves o hábitats más antiguos: la cuna de la democracia es la polis de Atenas; que Estambul es el puente de las civilizaciones, al margen del viejo imperio Otomano y Turquía a los cuales pre-existe; que Nueva York es el centro financiero del planeta o que San Francisco y el Valle del Silicon son el epicentro de la innovación, con independencia de la cacareada pérdida de poder industrial de los EEUU en el mundo. 

Barber insiste en que la Ciudad es el espacio donde nos activamos como seres humanos (“where the action is”). Es el espacio político, económico y social con mayor caracterización e influencia en nuestras vidas, mucho más que los países o naciones donde se encuentran las ciudades donde nacimos, estudiamos y trabajamos. No perder de que vista que, tal como recuerda el autor, más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades o enclaves urbanos, escribe el autor. 

Partiendo de la premisa de que frente a las crisis económicas, las exigencias de seguridad, los asuntos energéticos, los desafíos alimentarios o de servicios, el transporte, los movimientos migratorios y el cambio climático, quizás podamos lograr más si empoderamos a los alcaldes de las ciudades, en lugar de insistir en soluciones promovidas desde arriba por los gobiernos nacionales. De hecho, argumenta Barber, que ya, dando un rodeo al peso burocrático del Estado nación, muchos alcaldes y ciudades están respondiendo con propuestas concretas a todos estos problemas, a veces en redes de cooperación e intercambios virtuosos de mejores prácticas y proyectos. Y es de hacer notar que en muchas ocasiones se han producido dramáticos contrastes entre el éxito, calidad de vida y el destino de una urbe que se transforma superando la adversidad que afecta al resto del país. Hay, pues, ciudades que se han sustraído a la terrible suerte de otras, asfixiadas por los gobiernos centrales o impedidas de actuar por la arrogancia burocrática del Estado nación, que establece lo que puede y no puede hacerse entre naciones.

Con estas ideas en mente, podemos pensar en la multinacionalidad de las corporaciones que define la estructura de nuestras economías y consumo, así como el acceso al conocimiento, capital, recursos humanos y mercados que puede lograr un joven emprendedor sin moverse de su ciudad, para armar una red productiva y tercerizada, que compita con gigantes posicionados en los mercados. Por ese camino, podemos adherir los acuerdos de comercio e inversiones, las uniones aduaneras o los proyectos de integración económica que de la misma manera borran las líneas del Estado nacional para construir mercados más ágiles y relevantes.

Este tipo de concepción, esta nueva manera de programar las asociaciones, los encuentros, las coincidencias, supone un estimulante desafío para nuestra capacidad de respuesta. Podemos imaginar una ruta de municipalización de la vida pública en el marco de una reingeniería política del estado nacional, así como en convertir el acceso, formación y empoderamiento ciudadano a través de la revolución digital en una prioridad para darnos un mejor destino.

Aquí podría haber un yacimiento de soluciones para la tragedia que vive Venezuela. La angustia que experimentamos y la urgencia de acometer cuanto antes la reconstrucción nacional pueden encontrar un cauce en estas ideas que están definiendo el futuro, del cual la barbarie de estos años nos han sustraído. 

El ejercicio de dividir la catástrofe en porciones: ciudades, en vez de la totalidad del país, podría simplificarnos el reto y, además nos llevaría a retomar el anhelo de descentralización que, con la determinación democrática, son fuerzas que siguen muy firmes en el corazón de nuestras aspiraciones ciudadanas.

Paz en Colombia

El Nacional, 7 de febrero 2016

Los resultados de las primarias en Iowa y la expectativa con respeto que se desarrollarán esta semana en New Hampshire le restaron visibilidad a un acontecimiento de vital importancia en la política exterior hacia América Latina del gobierno de Obama: la visita del presidente Juan Manuel Santos y el lanzamiento de una nueva iniciativa de apoyo estadounidense al proceso de paz que está por concluir, denominado “Paz Colombia”.

Durante tres lustros se ejecutó el Plan Colombia, con base en el cual las Fuerzas Armadas Colombianas adquirieron los recursos y capacidad para retomar el control de su propio territorio frente a la guerrilla y el narcotráfico. Una políticade Estado en ambos países de amplio consenso bipartidista, como lo exigen procesos tan complejos y espinosos orientados a resolver conflictos armados o insurgencia tan prolongados.

Tres presidentes de Estados Unidos y en Colombia, respectivamente, protagonizaron el Plan Colombia: Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama; Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Aun cuando en Colombia se ha desarrollado una dialéctica de contraposición entre la política de Uribe y quien fuera su ministro de Defensa, el ahora Presidente Santos. Como observador de este proceso, siempre he lamentado esa dinámica, porque realmente ha habido una línea de nítida continuidad entre las políticas de todos estos presidentes, como es la óptica que prevalece cuando el tema se aborda de un gobierno a otro en Estados Unidos.

La paz que hoy negocia Santos -y que parece llegar a un acuerdo definitivo en marzo-, con todas las diferencias que se pueda tener sobre los detalles, (así son las negociaciones en este tipo de procesos), traerá muchos dividendos políticos y económicos a Colombia. Y es preciso admitir sin remilgos que esto habría sido imposible sin una reducción de las FARC y la recuperación de espacio que conquistó la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, con el apoyo y gestión ministerial del propio Santos. Y la labor emprendida por ambos hubiera sido imposible sin la fundación creada por la visión de Estado de Andrés Pastrana, que impulso el concepto según el cual la magnitud del conflicto enfrentado por la institucionalidad colombiana exigía una efectiva plataforma de cooperación internacional.

Colombia está atravesando un buen momento, incluso teniendo en cuenta el impacto negativo que tiene para su modelo de crecimiento económico la caída en los precios del petróleo y otras materias primas. De acuerdo con los estudios y proyecciones de nuestro Centro para la Democracia y Desarrollo en las Américas, la economía de Colombia crecerá un 2,5% en 2016; y se proyecta un 3,2% para el 2017. Esto, en medio de baja inflación entre el 4,2 y 3,3%, respectivamente. Adicionalmente, la salud macroeconómica de Colombia se refleja en sus reservas internacionales estimadas en 46 millardos de dólares, y es evidente que la última década se viene reduciendo la pobreza y fortaleciendo la clase media. No obstante, el país tiene grandes desafíos sociales por transitar. Por eso, tocaba cerrar el capítulo del conflicto. A pesar de que la transición hacia la paz tiene sus costos (la indemnización de las víctimas, entre otros), es indudable que existe un dividendo fiscal, porque se podrá reorientar el gasto militar, hoy el más alto de América Latina (en el orden del 3,7% del PIB), para atender la inversión en infraestructura con énfasis en los espacios recuperados al conflicto todos estos años.

Estados Unidos ha reconocido que del Plan Colombia había que pasar a una nueva fase de cooperación, y bajo “Paz Colombia” ha comprometido hasta 450 millones de dólares para apoyar el proceso de paz.

El evento en la Casa Blanca donde se anunció Paz Colombia tuvo del lado colombiano un gran ausente, el ex presidente Uribe. En el lado norteamericano había una expresión bipartidista con figuras representativas del partido demócrata y el republicano. No estaba Bill Clinton, quien jugó un papel preliminar en el Plan Colombia al igual que Pastrana, no solo para mantener la neutralidad del Presidente en la primaria demócrata, sino asumiendo que no es realmente un protagonista central de esta historia. El logro lo capitalizará quien resulte abanderado de ese partido, mucho más Hillary Clinton, que fue Secretaria de Estado de Obama y obviamente, protagonista de este proceso. 

Lo cierto es que Obama nuevamente muestra su inteligencia, audacia y cálculo en el manejo de la política regional: apuesta nuevamente a la Paz y el diálogo en democracia, aun ante la incertidumbre que este tipo de procesos comporta. Y no cabe duda de que, en el fondo, la decisión de entrar en este acuerdo es soberana de Colombia y los colombianos; por tanto, la política de Estados Unidos se expresa en el terreno de la solidaridad y la cooperación. Corresponderá al Congreso, de mayoría republicana, decidir sobre la autorización presupuestaria de un componente importante de los 450 millones de dólares en cooperación comprometidos por Obama. Y falta saber si Colombia y su liderazgo seguirán unidos en el propósito de conseguir que también el parlamente estadounidense apueste por la Paz como lo ha hecho el Presidente Obama.

Fue comentada la ausencia del Presidente George W Bush, pero comprensible como un cálculo que tiene mucho que ver con la dinámica electoral en pleno desarrollo; porque seguramente los extremos más reaccionarios del partido republicano lo golpearían a él y a su hermano cuestionando este proceso, que tiene opositores fuertes en Colombia, empezando por el propio por Uribe, además del componente relacionado con la apertura de relaciones entre Cuba y EEUU, junto al papel del Gobierno de La Habana en los diálogos de Paz.

Pero estaban en la Casa Blanca, dando testimonio del titánico esfuerzo logrado en Colombia, el ex presidente Pastrana, cuya visión contribuyó a crear esta etapa de la historia colombiana, y el Presidente Santos. Se sintió el vacío, inexplicable para todos los observadores e invitados que estábamos allí, cuando en su propio discurso Obama dedicó algunas palabras a Uribe al reconocer a todos los mandatarios colombianos con quienes se ha trabajado en esa política de Estado. Un vacío inexplicable, injustificable. Uribe debía estar allí, por ser parte fundamental de la conquista de esta pacificación negociada por Santos.

Su ausencia refleja una grieta que jamás había mostrado Colombia, siempre monolítica en el manejo de su política exterior frente a Estados Unidos en estos delicados temas. Pero, además, resulta difícil de entender que no se apueste por la paz, luego de ganar la guerra.

La falla en el elenco colombiano no habla tanto de debilidad en el tablero de la diplomacia como de cierta pereza, como se suele decir en ese país, a la hora de demostrar grandeza y conceder honores a quien honor merece.

Hablemos de la emergencia económica

El Nacional, 31 de enero 2016

Venezuela vive, realmente, una emergencia económica. Una situación creada por el fracaso de un modelo que destruyó el aparato productivo nacional y nos hizo totalmente dependientes de las importaciones, atadas a un alto ingreso petrolero. A ese colapso se suma la caída dramática de los precios del petróleo, así como de los volúmenes de producción; entre otras causas, por falta de inversiones en el sector petrolero.

La Constitución prevé dos formas de abordar una crisis de esta magnitud: las leyes habilitantes y el estado de excepción por la emergencia económica. El gobierno de Maduro dispuso de amplios poderes con base en la ley habilitante, como también los tuvo Hugo Chávez. Y fue precisamente el ejercicio de ese poder el que nos trajo hasta esta emergencia. En cuanto al estado de excepción por emergencia económica, este  puede tener una vigencia de 60 días prorrogables por otro periodo igual. Son las prórrogas, de acuerdo a la Constitución, las que requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional. y queda claro que la opinión del Tribunal Supremo es sobre la Constitucionalidad del alcance del decreto, mientras que la aprobación de la Asamblea, al margen de la Constitucionalidad, se refiere a la oportunidad o conveniencia del Decreto de Emergencia, su alcance o contenido o medidas propuestas. En síntesis, el Decreto de Emergencia solo tiene vigencia de 60 días si no lo aprueba mas allá de ese tiempo la Asamblea, y para ser conveniente y oportuno, al menos tiene que ser en su alcance, contenido y medias lo suficiente mente especifico con respecto a que se piensa hacer en ese plazo de tiempo que dure la emergencia para iniciar una rectificación o resolver la crisis que lo justifica. De lo contrario, no tiene ningún sentido su aprobación.

Pero, francamente, ¿qué busca el Gobierno con toda esta trama del Decreto de Emergencia? El contenido del Decreto evidencia que según ellos no han sido sus controles e intervencionismo gubernamental la causa de este desastre. De hecho, piden más poder para acentuar ese enfoque.

Y políticamente, qué es lo que se proponen hacer en 60 ó 120 días que encamine las cosas por una senda de cambios. No lo han dicho, probablemente porque no tienen ninguna medida diferente o excepcional que promover. En el fondo, el gobierno de Maduro sigue jugando a la política frente a la crisis. Antes se trataba convencer al país, y no lo lograron, de que las cosas estaban mal porque había una Guerra económica. Ahora se apuesta a mentirle al país con el argumento de que las cosas empeoran porque la Asamblea no aprueba el Decreto de Emergencia, cuando este es más de lo mismo y, precisamente, la falta de garantías económicas para la inversión privada es parte fundamental del problema.

Si el Gobierno tuviese un plan de acción concreto y eficiente ante la monumental crisis económica que atraviesa Venezuela tendría que responder cuatro preguntas: 1) ¿Cómo piensan sustituir el sistema cambiario que ha originado todas las distorsiones económicas que acabaron con la producción nacional, fomentando las importaciones y el fraude o la corrupción, así como la inflación que se vive. Es imposible que un país pueda funcionar con un sistema de cambio múltiples donde las diferentas entre los propios cambios oficiales son del 3 mil por ciento, y la brecha entre el mas alto de los oficiales y el mercado es de 13,500 por ciento (¡ni en una economía en guerra se ve algo así!); 2) ¿Cuál es el plan de inversión petrolera para recuperar volúmenes de producción; y qué tienen pensado para reactivar la inversión privada y pública en sectores claves como el agropecuario, la construcción, los servicios y la infraestructura? 3) Cómo piensa el Gobierno resolver el conflicto que se avecina entre cubrir las importaciones que se necesitan y cumplir con los pagos del endeudamiento externo que vencen este semestre?; y 4) ¿Cómo piensa manejar la inflación (la más alta del mundo) y la escasez, en el corto y mediano plazo?

Sin una respuesta concreta a estas interrogantes, ni compartir ninguna idea o cifra con la Asamblea, los sectores productivos y el país, al proponer su absurdo Decreto el gobierno pone de relieve dos cosas: que no tiene voluntad de rectificación e insiste en las mismas políticas que nos han traído hasta aquí; y que frente a este grave problema reincide en la manipulación política, en la vacía retórica de buscar culpables, que ahora se ceba en la Asamblea nacional mayoritariamente opositora por la voluntad popular.

La pregunta que se hace cualquier observador, ante tanta insensatez, es si de verdad se creen sus dislates. O, si en medio de esta jugada política, ya hay en el oficialismo voces cuestionadoras que juzgan llegada la hora de manifestarse, antes de que el caos se les imponga y disponga. En cualquier caso, todo indica que ya es tarde para el gobierno, y que las mejores horas del chavismo van hundiendo en el pasado.

¡Partida¡ En el Clásico Presidencial de EE UU los latinos son decisivos

El Nacional, 24 de enero del 2016

Esta semana entrante inicia el proceso de las primarias presidenciales en EEUU, un evento político del pueblo Americano pero con impacto global.

De hecho, la política exterior es el tema donde mayor capacidad de maniobra, influencia y discreción en el que realmente puede actuar el Presidente de los EEUU. En todas las demás materias de política domestica su poder es compartido bajo un sofisticado sistema de corresponsabilidad con el Congreso, la Reserva Federal y otras agencias regulatorias federales autónomas o los gobiernos estadales y locales. Sin duda el Presidente tiene muchísimo poder e influencia en todos los ámbitos domésticos, incluso a través del ejercicio de su poder reglamentario de las leyes para definir y ejecutar políticas con la denominada "Acción Ejecutiva", pero en este ejercicio suele estar sometido a rigurosos controles judiciales hasta el nivel de la Corte Suprema, donde han desembocado temas clave en el debate social estos últimos años bajo la Presidencia de Obama.

En política exterior (con su super poderoso brazo militar global) la Presidencia de los EEUU tienen un poder inmenso para influir en el mundo. Incluso, aún cuando declaratoria de guerra es potestad del Congreso, sin que medie esta es mucho el margen de maniobra que en plano militar tiene el Presidente para ordenar operaciones castrenses como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas con mayores recursos del mundo. Y viviendo en tiempos de lucha contra el terrorismo y otros flagelos de actividad criminal organizada, así como tensión en lugares como el medio oriente, Siria, Ucrania; o en una época de catástrofes climaticas, ese poder militar con todas sus herramientas es un brazo largo de actuación global que requiere de un liderazgo prudente, amplio y consciente de su utilización razonable y en coaliciones que tenga legitimidad en el marco del derecho internacional, bien para la prevención o contención de conflictos, así como de actuación bélica o en operaciones especiales; y hasta en el desarrollo de formas de cooperación frente a las catástrofes o crisis humanitarias.

Pero también hay una dimensión económica de la diplomacia estadounidense. Su política económica interna por lo determinante de su mercado como consumidor global y exportador; o como centro de innovación; tiene per se un impacto o se traduce en actuación en el plano de la cooperación para el desarrollo, investigación, así como en acuerdos de coordinación global a nivel monetario, comercial, energético, ecológico o en los movimientos y regulaciones financieras internacionales, todo lo cual es determinante en la configuración y comportamiento de la economía en todo el planeta.

De alguna manera el presidente de los EEUU es elegido por el pueblo Americano para gobernar a nivel global, y por eso, en toda nación extranjera observa la elección presidencial de este país como un evento político propio.

A está altura la lucha de las primarias en ambos partidos se concentra por ahora dentro del partido republicano en dos opciones (entre 17): el excéntrico multimillonario Donald Trump y el principal vocero del llamado Tea Party (una fracción reaccionaria y muy radical de derecha dentro de dicho partido), todo ese debate en medio de una volatilidad y hostilidad increíble entre los copartidarios conservadores.

En el espectro demócrata todo apunta hacia la nominación de Hillary Clinton, sin desconocer, como comentaremos, los méritos y crecimiento de la opción que representa el Senador Bernie Sanders.

El partido republicano está secuestrado por los extremos, y por el gran capital invertido en política por un grupo de billonarios, quienes en conjunto han impuesto una agenda distante de los que fue este partido fundado por Abraham Lincoln, o emblematicamente liderado por Teddy Roosevelt, Dwight Eisenhower o el binomio Ronald Reagan/George Bush (el padre).

Con sus aciertos y errores esos liderazgos representaban una fórmula conservadora pero abierta al diálogo con acuerdos políticos de estado, y la diversidad social del país, así como con sus propias ideas sobre como promover una sociedad mas incluyente pero siempre en un marco de mayor apego a las ideas del libre mercado y el libre comercio. Hoy son agendas mercantilistas vestidas de neoliberalismo, y una postura social de populismo de derechas, que en algunas expresiones raya en lo excluyente o xenofobico. Frente a muchos problemas domésticos e internacionales la narrativa que han impuesto Trump y Cruz es francamente fuente de temor y hasta de asombro. No ha sido ningún demócrata el que lo ha caracterizado de esta forma tan dramática. Esta semana el Senador Lindsay Graham de Carolina del Norte, un ícono del conservatismo republicano de mucho prestigio o poder por su vinculación estrecha con el tema militar, internacional  y de seguridad nacional declaró: "la elección entre Trump o Cruz es como morir de un disparo o envenenado". Huelgan más comentarios.

Las primarias de EEUU (como la elección presidencial) son una elección en segundo grado que responde al complejo sistema federal de ese país. Las victorias en un Estado, por un solo voto, le otorgan todos los votos electorales de dicha entidad federal al ganador; y el peso en votos electorales de cada estado en el Colegio Electoral es proporcional a su población, sin dejar de comentar en las primarias internas de los partidos el voto de los llamados superdelegados, quienes son dirigentes históricos con capacidad de destrancar la convención nacional o colegio electoral en caso de empate; o hasta cambiar un resultado muy cerrado.

La contienda de las primarias no ocurre un solo día sino a lo largo de 6 meses, en uno o varios estados simultáneamente semana tras semana. Entre esta semana y el mes de Abril habrá decisión en ambos partidos en los Estados de Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur, Nevada, y en un solo día el conocido "Super Martes" en una docena de estados de gran peso electoral pasando para ese momento por la Florida, California o Texas. Precisamente la apuesta organizativa del ex Gobernador de la Florida Jeb Bush, exponente del conservatismo mas sensato de dicho partido, seria lograr un "retorno del Jedi" en ese escenario del "Super Martes" frente a sus oponentes siempre mucho mas mediáticos; pero hoy pese a su telento y reconocida maquinaria, el tercero en la dinastía Bush tiene un desempeño decepcionante en las encuestas, y se hace dificil imaginar como con su operación de tierra pueda revertir las ya tan consolidadas tendencias de opinión.

En el campo republicano hoy domina Trump las encuestas como una primera minoría, pero muchos analistas piensan que para el mes de Abril es posible que sigamos en presencia de una lucha muy peleada por la nominación en términos de votos electorales; y una creciente ofensiva o intervención del liderazgo tradicional del establecimiento partidista para evitar que esta armarga pelea (tanto en lo temático como en la hostilidad personal) termine por sepultar al partido en la elección general, entre otra cosa por la inmensa distancia que las posturas del partido estan adquiriendo con respecto al pensamiento y percepción de la hoy tan diversa demografía americana, donde minorias como el voto latino son claves para llegar a la presidencia.

De hecho, estadisticamente es casi imposible lograr la presidencia de los EEUU sin un apoyo de al menos el 40% de los electores hispanos. El Partido Republicano, incuso inclyendo a dos candidatos de origen hispano en su lucha interna (los Senadores Ted Cruz y Marco Rubio, quien está siempre entre los 5 primeros favoritos detrás de Trump y Cruz) tiene hoy solo el 35% o menos del voto latino, y candidatos como Trump o Cruz lo colocan en el orden del bajo nivel histórico de apoyo del 27% que tuvo Mitt Romney en este segmento.

¿Por qué? Estudios de opinión que sirven de base al activismo y estrategia política frente al electorado latino demuestran que hace falta más que un apellido u origen hispano para lograr el apoyo de esta comunidad en los términos históricamente altos que ha tenido el partido demócrata desde Bill Clinton hasta Barack Obama, este último el Presidente que más apoyo hispano ha concentrado por encima del 71% del voto hispano, hasta el punto que fue el factor que decidió su reelección en 2012.

Los hispanos o latinos en EEUU se movilizan y unifican en activismo a través de la propuesta de la reforma migratoria (juega allí para el ciudadano latino una solidaridad que puede tener conexión con algún caso cercano o familiar de inmigración indocumentada, pero sin duda una identidad cultural y de justicia que aspira a la la inclusión de todos los hispanos en la aventura americana); pero hay tres temas claves para el elector latino cruzados transversalmente por la aspiración de igualdad de oportunidades y acceso que son el económico, el educativo y la salud. En ese sentido, además de una reforma migratoria con claro camino hacia la ciudadanía, el aumento del salario mínimo o la igualdad salarial de genero, el acceso a capital o credito para los pequeños negocios, la legislación de acceso a la salud conocida como Obamacare, la viabilidad financiera, e incluso la gratuidad de los estudios universitarios en instituciones públicas; son todos temas en los cuales está muy alineada políticamente la  gran mayoria del voto latino, en promedios por tema que superan el 66% del electorado hispano. Y por si fuera poco, la población hispana mas importante electoralmente es muy joven, parte de los llamados millenia, y por tanto profundamente cercanos a temas propios de la agenda progresista como el ambientalismo frente al cambio climatico, el control en el uso de armas o la igualdad matrimonial, en ese orden; o en lo internacional, la prevalencia de la diplomacia sobre el conflicto, que reporta apoyo mayoritario en las nuevas generaciones al acuerdo con Iran o la apertura con Cuba, está última política por cierto, respaldada por la inmensa mayoría de los electores cubano-americanos menores de 35 años.

Eso explica porque hoy el factor latino es prioridad en las campañas presidenciales de la primaria demócrata cuya plataforma partidista responde nítidamente a este código de valores, y esto es así tanto para Hillary Clinton, quien incluso ha otorgado innenso protagonismo al hispano en sus cuadros políticos de dirección y en sus propuestas, pero de igual manera para Sanders y hasta la candidatura simbólica del eficiente Gobernador O'Malley, todos tienen mejor perspectiva en el voto hispano según las encuestas que el promedio republicano; con Hillary Clinton incluso mejor posesionada que Marco Rubio, sin duda el aspirante republicano que mejor desempeño tendría en el electorado latino a pesar de su nitida oposición, en la agenda temática que resume las aspiraciones de los Latinos.

Al contrario de lo que acontece en el campo republicano, el Debate y narrativa entre demócratas se desarrolla de forma respetuosa y cordial, sin dejar contrastes de lado, concentrándose en lo temático. La pureza programática, y hasta mas radical de Sanders, ha movilizado sorprendentemente a la juventud colocándolo en una excelente posición para incluso ganar alguna primaria importante en los primeros Estados. Iowa en menor grado de posibilidad que New Hampshire son espacios donde en la partida a Sanders le irá muy bien, sumando votos electorales a lo largo del procedo la cuesta en lo sucesivo es empinada para Sanders.  Saliendo de Iowa y New Hampshire, el Senador de Vermont (quien se erige como el abuelo sabio que le habla con autenticidad al espíritu revolucionario de los jóvenes) perdería sin lugar a dudas en Carolina del Sur, con históricos niveles de apoyo a favor de Hillary Clinton en el voto afroamericano; y luego en Nevada (uno de los enclaves emergentes del voto Latino) con una proyección de altísima participación y respaldo de los hispanos. Entrando en el complejo tablero de "Super Martes", la cuenta en delegados de La Hillary para el mes de Abril debería, salvo que ocurra un terremoto político, preconstituirla en la nominada Demócrata; para entrar en una transición y acuerdos con Sanders que le permita mantener movilizado al voto joven a su favor. Uno de los mayores retos estratégicos que tiene su campaña.

Algo importante de destacar al cierre son dos cosas. Primero que precisamente en los escenarios de Carolina del Sur, Nevada y Super Martes queda en evidencia la sintonía con la nueva demografía de los Estados Unidos, al margen del debate temático (que también guarda alguna correlación con esto), que tendría Hillary Clinton frente a un Trump o un Cruz. Y segundo; que la declaración lapidaria del Senador Graham sobre el absurdo histórico de Trump o Cruz, es correlativo de una abierta preocupación internacional.

El consenso entre líderes y opinadores a nivel global fuera de EEUU prefiere la sinderesis, buen juicio y firmeza con equilibrio pragmático que demostró Hillary Clinton como Secretaria de Estado a nivel global, frente al extremismo e incógnita de dos figuras que un republicano de peso como el Senador Graham ha caracterizado como, alternativamente, una "bala perdida" o "un pote de cianuro".

Los informes de Obama y Maduro, un gran contraste

El Nacional, 17 de enero 2016

Venezuela está sumergida en una grave crisis económica, con la inflación más alta del mundo, grados de escasez desconocidos en toda su historia moderna. En lo social, entre muchos males, el más notorio es la inseguridad, que pone al país como el más violento del continente después de Honduras, y uno de los peligrosos del mundo: mueren semanalmente en crímenes violentos más personas que las que sucumben en conflictos bélicos. Y, al mismo tiempo, vive una crisis institucional y política de magnitudes impensables, con niveles de corrupción y penetración del crimen organizado en los más altos estamentos del poder. Y, si fuera poco, enfrenta una conflictividad entre poderes públicos, imposible de arbitrar por la absoluta falta de imparcialidad del Tribunal Supremo. En ese grave escenario, la capacidad de diálogo y negociación es mínima, a pesar de que el gobierno acaba de experimentar una espectacular derrota electoral, que encajó pese al absoluto ventajismo y asimetría de recursos con que participan las fuerzas de oposición al régimen.

En ese escenario, el presidente de Venezuela presentó su informe constitucional y anual a la Asamblea Nacional. El Nicolás Maduro que habló este viernes se parece más al sindicalista parlamentario que personalmente conocí en esa Asamblea cuando fui diputado; con una narrativa de la cual difiero totalmente, pero lució aparentemente librado de la presión de otros líderes que en su movimiento lo empujan por la deriva autoritaria en que viene metido desde hace un tiempo. En ese tono, Maduro caracterizó el revés político electoral del 6-D como una “mayoría circunstancial”, pero al menos un reconocimiento de la derrota, colocando de esa forma al nuevo vicepresidente Aristóbulo Istúriz como un factor potencial de diálogo.

Con ese paréntesis y desde esa postura que aspiramos se profundice hacia una sincera rectificación en lo político, Maduro procedió a escapar hacia adelante con una propuesta de defensa y radicalización del modelo y las políticas económicas que han traído al país hasta este delicado cuadro social que atraviesa el país. Incurre Maduro en el error de reivindicar ese modelo (e insiste en vender el concepto de “guerra económica”) argumentando que la crisis es simplemente producto de la caída del ingreso petrolero, cuando en realidad la caída de ese ingreso se suma a un colapso productivo de todo país (convertido en economía de puertos), que incluso se caracteriza por un significativo descenso de la producción petrolera nacional. El discurso de Maduro, en medio de las dificultades que atraviesa Venezuela, simplemente descarta una rectificación económica y reafirma los graves errores cometidos en estos 17 años, el más importante, su absoluta hostilidad hacia el desarrollo del emprendimiento y la inversión privada. No entiende Maduro que el problema ya no es la confrontación o dicotomía entre Estado y mercado, sino su necesaria complementariedad en una fórmula donde se tenga tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario para que exista crecimiento sustentable e igualdad de oportunidades, a efecto de que la producción de riqueza genere una sociedad incluyente.

Frente a la grave crisis económica Maduro propone simplemente el aumento del precio de la gasolina y un decreto de emergencia económica en el cual insiste en profundizar todas las políticas que han traído a Venezuela hasta esta terrible situación. Cree Maduro, y así lo dijo, que el problema no es el tejido de absurdos controles e intervencionismo arbitrario de la economía que está en vigencia, sino piensa que ha sido un problema de aplicación efectiva de esos controles. El resultado será sencillamente el agravamiento de la crisis.

Esta semana también hubo otro informe anual, según mandato constitucional, a su respectivo Poder Legislativo, el de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, ante el Congreso de ese país.

Obama le habló al Parlamento y los ciudadanos en su último año como presidente, afirmando que, pese a las diferencias políticas y la polarización que hoy divide a los estadounidenses en agrios debates electorales, la Unión Federal está fortalecida en lo económico y en lo político. En apoyo a su punto, dio cuenta de algunos datos muy objetivos: el desempleo descendió de 11,5% a 5,5% durante su mandato, con base exclusivamente en puestos de trabajo agregados por el sector privado; el déficit fiscal se encuentra bajo control a niveles de 2,8% del PIB, a pesar de los graves temores que generaban sus planes de rescate de la banca e industria automotriz (hoy plenamente recuperadas) o estímulos e inversiones públicas.

Entre muchas otras cosas, Obama afirmó que Estados Unidos sigue siendo la economía más fuerte del mundo porque es, sin duda, el centro de innovación y emprendimiento más importante del planeta, con la línea argumental, entre otras, de que el país ha alcanzado independencia energética no solo con fuentes alternativas de producción de hidrocarburos, sino con alternativas energéticas “verdes” o ambientalistas.

En materia de seguridad, recordó a quienes le critican que durante su mandato la lucha contra el terrorismo no ha cesado, y que el futuro de ISIS o sus líderes no será muy diferente al que tuvieron Al-Qaeda y Osama Bin Laden. Y, al hacerlo, deslindó magistralmente la lucha contra el terrorismo, como actividad criminal, de la segunda religión practicada en el mundo. Claramente expresó que los terroristas son asesinos y fanáticos que en nada representan a los millones de musulmanes que habitan el mundo y Estados Unidos. Y así como afirmó que el terrorismo es un problema de seguridad global, también caracterizó el cambio climático como otro desafío de seguridad planetaria.

En este informe anual al Congreso, Obama no dejó de mencionar algunas de sus prioridades pendientes como iniciativas legislativas, pero se enfocó en el futuro, enmarcando el debate y el debate electoral de su país con un espíritu de unidad nacional y acentuando prioridades para la próxima década.

Obama aludió a muchas cosas importantes, pero en el paralelo o comparación con lo que pasa en Venezuela (y el lamentable informe a la Asamblea de Nicolás Maduro) cabe destacar dos pensamientos hilados por el líder estadounidense. Primero, Obama dijo que en estos siete años de su presidencia se reclama a sí mismo no haber podido derrotar la polarización política; y convocó a sus conciudadanos a profundizar en la búsqueda de acuerdos mínimos sobre los asuntos prioritarios para el devenir del país. Y acompañó ese espíritu de apertura, diálogo y rectificación permanente con una segunda reflexión o idea: “La democracia se quiebra cuando el ciudadano común llega a la conclusión de que su voz no es escuchada por los líderes”.

En esas dos reflexiones de Obama vale la pena contextualizar la crisis política que se vive en Venezuela. Todo líder o representante popular debe estar abierto al diálogo y la rectificación, aun cuando pueda presentar logros en su gestión. Mucho más cuando los hechos o la crisis impone no solo escuchar la voz del ciudadano común, sino, más aún, la de la mayoría que reclama a gritos un giro en la conducción económica y política del país.

Venezuela más allá del conflicto entre poderes

El Nacional, 10 de enero 2016

Estaba anunciado. El conflicto de poderes en Venezuela era una eventualidad muy previsible. Y ya se encuentra en pleno desarrollo.

El gobierno no ha sabido dar lectura política a los resultados electorales del 6-D y ahora piensa que puede tapar el sol con un dedo. Pero la realidad de la crisis económica esta allí, agravada por la falta de iniciativa de la administración de Nicolás Maduro. El otrora apoyo popular del régimen se lo traga a diario el colapso productivo del país, que es el verdadero legado de Hugo Chávez, agravado por la caída en los precios del petróleo, un descenso que se profundiza y anuncia graves consecuencias que, sin duda, pasarán de lo fiscal a lo social.

El conflicto de poderes se centrará en la Sala Constitucional (porque la amenaza de no promulgar leyes ni publicarlas en Gaceta es tan falaz como el desesperado intento de dictar decretos ley express, con base en la Ley Habilitante que caducó). Será muy simple: la mayoría procederá a publicar las leyes en la Gaceta de la Asamblea, una vez vencidos los plazos constitucionales. Y para los Decretos Leyes está expedito el camino de las reformas legales, pues las leyes se derogan con otras leyes. Pero lo que sí es realmente un problema son los últimos e írritos nombramientos, hechos a la carrera por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que acaba de entregar el poder a la actual. Por allí debe comenzar el nuevo poder legislativo. Y todo parece que el único camino definitivamente estructural es la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esa propuesta tiene que ser priorizada por la nueva Asamblea para coger el toro por los cuernos.

Esto debe adelantarse sin perder de vista la situación económica, bestia que embiste a diario contra los ciudadanos. 2016 asoma con una proyección de decrecimiento del PIB del -8%, una inflación montada sobre 250% y 300%, y un panorama de escasez agravada, cuando se le compara con 2015, particularmente este primer semestre.

Lo inverosímil es que, frente a tan angustiosa perspectiva, el Gobierno se muestra tan absurdamente irreflexivo como en el campo político; y la maraña económica es su responsabilidad.

Las medidas fiscales anunciadas hasta ahora, así como los nombramientos ministeriales indican que el plan del Gobierno es continuar en su absurdo escape hacia delante, sin una rectificación orientada a un plan de ajustes inscritos en una política de apertura hacia la inversión, el pleno empleo y el crecimiento de la economía. La Asamblea, por su parte, tiene iniciativas y debe proponerlas, pero no es mucho lo que puede hacer en el campo económico si el Ejecutivo no se decide a rectificar e iniciar un dialogo. Y sin que ello ocurra, el impacto social de esta crisis es de pronósticos reservados.

En definitiva, el gobierno ha escogido el peor de los caminos al promover la conflictividad política entre poderes públicos, en medio de tan delicado escenario económico y social. Alguien sensato hubiera aprovechado esta oportunidad del cambio de poder político en la Asamblea para iniciar un proceso de negociación para el viraje económico y la transición política.

En definitiva, las transiciones políticas las hacen quienes se encuentran en el poder, para dibujar, de paso, su espacio de participación en el sistema democrático que ha de sustituir al régimen. Pero al tomar la senda de la terquedad y la torpeza, el Gobierno no solo hace las cosas mucho más difíciles para el futuro del oficialismo, sino para el país.

Quizás todavía estamos asistiendo a una etapa muy preliminar del proceso que recién comienza y sea temprano para sacar conclusiones, porque algo está claro: para 2016 que apenas comienza, en Venezuela habrá conflicto de poderes y crisis económica, pero también está instalada una inevitable dinámica de cambio cuya corriente tiene fundamentalmente causas económicas. Poco a poco sabremos quienes serán, dentro el oficialismo, capaces de comprenderlo para asumir la voluntad de cambio expresada el 6-D y de la cual es depositaria la Asamblea Nacional.

A mis conciudadanos, calma y cordura, que tengan muy feliz año.

Dramatic slowdowns, moderate growth expected in Latin America this year

Fox News Latino, January 7th 2015

In 2016, the key challenges in Latin America will be in the region’s economies.

Argentina is faced with a recession which will only get deeper in the first quarter of the year. The new government, led by Mauricio Macri, will have to unpick the current absurd tapestry of exchange control and regulations,6as well as make cutbacks in spending if it wants to set up a solid base from which to lead the country out of the crisis.

Brazil will suffer a further contraction of its economy for the next six quarters as its fiscal deficit will continue to affect the credit worthiness of the South American giant. 

What happens in Brazil and Argentina frames the possibilities for the economies of Paraguay and Uruguay — therefore, Mercosur bloc will face the need for major strategic decisions in 2016.

In Venezuela, the economy will repeat its frightening 2015 contraction of 8 percent along with continuing acute shortages (especially in food and medicines) and three-digit inflation, all of which will continue to deteriorate the quality of life of citizens, already harmed by rampant violent crime. And this will take place in a context of increasing political conflict after the crushing defeat inflicted on the government of Nicolás Maduro in December’s parliamentary elections. 

The Venezuelan crisis is the result of the collapse of the national productive sector induced by the government, exacerbated by a new and dramatic fall in oil prices.

The monumental size of the Venezuelan crisis has naturally had an impact throughout the Caribbean and Central America. One is a predictable 180 degree policy shift toward the United States, something that even Cuba is doing as it accelerates its trade and economic relations with its northern neighbor. 

Caribbean and Central American governments are looking for alternatives to Venezuela and its already exhausted Petrocaribe project, alternatives which will allow them to ride out the turbulence in the region. Growth rates of 2.5 percent to 3.5 percent for 2016 are predicted for El Salvador, Costa Rica, Honduras and Guatemala; 6 percent for Panama, 4 percent for Nicaragua and 5 percent for the Dominican Republic.

In Bolivia, the government of Evo Morales has managed to establish a stable economic growth. For 2016, in spite of social difficulties and enduring inequalities, Bolivia's economy is projected to grow by 4 percent.

In Chile, the fall in copper prices will have an adverse impact. Thus, the government of Michelle Bachelet anticipates a low level of economic growth (2.2 percent) for 2016, with a fiscal deficit of 3.0 percent of gross domestic product (GDP). This will have a considerable social impact because the economy had been growing at a rate of between 5.5 percent and 6 percent until 2014. In fact it amounts to a dramatic slowdown.

Mexico, for its part, will remain stable in the context of its difficulties and in spite of the fall in the price of oil, it is expected to have a growth rate of 2.8 percent of GDP for 2016, and a fiscal deficit that could end up around 3.3 percent (very similar to the 3.5 percent of 2015.)

In the Andean region, Colombia is projected to have an equally moderate growth rate of 2.6 percent and inflation at 4 percent. Peru continues its downturn, with growth for 2016 projected at 3.4 percent, which represents a serious drop from the high growth rates of around 7 percent and 6 percent which were recorded until 2013. 

Ecuador is another economy in difficulties, unable to escape the effects of the fall in oil prices. After growth of 8 percent (2011), 5.6 percent (2012), 4.6 percent (2013) and 3.7 percent (2014), the Ecuadorian economy has been approaching recession with undetectable levels of growth recorded in 2015 (0.5 percent) and a projection of 0.4 percent for 2016.

With regard to structural issues, only Mexico has been able to escape from the curse of reliance on the export of commodities, with industrial exports amounting to 85 percent of its income. Even Chile continues to depend on copper, which accounts for 54 percent of its revenue. Mexico however, with 80 percent of its exports going to the U.S., is limited by this dependence on its northern neighbor, a mature economy which is only growing at 2-3 percent a year in a global context that remains uncertain. 

The pressures of poverty and inequality suffered by Mexico require sustained economic growth of the magnitude of 7 percent to be managed effectively. Accelerating economic growth will demand creative public policy solutions from Mexico’s leaders.

In spite of the advances recorded in Chile, Brazil, Colombia and Mexico (in that order), social problems remain serious throughout the region. The concentration of wealth and inequality are among the most dramatic worldwide.

The outstanding feature of this regional economic survey is that a golden decade has passed without major structural problems being resolved, still less those of poverty and inequality. 

2016 will test the capacity of Latin American leaders and institutions to deal with these economic challenges, which will create significant political pressure. To deal with these social problems, as well as the aforementioned structural ones, investment in health, infrastructure, communications and especially in education is essential. This investment is required to strengthen the entrepreneurial fiber and innovative capacity of the region, essential conditions for breaking the dependence on commodities and reducing social inequalities.

Latinoamérica en 2016

El Nacional, 27 de diciembre 2015

El año 2016 nos convoca a importantes desafíos. En la inminencia de su arribo queremos compartir lo que vemos desde la Unidad de Análisis Económico del Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas (CDDA)

Lo económico será determinante.

En Argentina se proyecta una clara recesión económica, profundizándose durante todo el primer trimestre del año que viene. El nuevo gobierno, encabezado por Mauricio Macri, deberá desmontar el absurdo tejido de regulaciones cambiarias vigentes y hacer ajustes ya inevitables, si se quiere fijar un punto de partida para una nueva hoja de ruta encaminada a salir de la crisis.

Brasil atravesará una mayor contracción de su economía por los próximos seis trimestres, en tanto que el déficit fiscal continuará afectando la capacidad crediticia del coloso suramericano. Lo que sucede en Brasil y Argentina marca la pauta en Uruguay y Paraguay, por lo que el bloque Mercosur se enfrentará a la necesidad de importantes decisiones estratégicas durante y a partir de 2016.

En Venezuela el decrecimiento económico repetirá una terrible caída de -8%, mientras la inflación de tres dígitos, combinada con aguda escasez (particularmente sensible en rubros como alimentos y medicinas), seguirá restando calidad de vida al ciudadano, ya azotado por una rampante inseguridad personal, todo en medio una conflictividad política atizada de manera inexplicable luego del grito de castigo propinado al gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones parlamentarias. La crisis venezolana es el resultado de un colapso inducido por el gobierno al sector productivo nacional, aderezado por una nueva y dramática caída en los precios del petróleo (la cesta venezolana se ubica alrededor de los 30 dólares por barril). Este delicado escenario petrolero permite avizorar un crónico déficit fiscal del orden de 8% del PIB para 2016, repitiendo el cálculo del mismo para 2015.

A quienes suelen asociar las dificultades económicas exclusivamente a la cuestión ideológica (o al eje político que existía entre Brasil, Argentina y Venezuela, junto a los países del ALBA), es preciso advertirles que el movimiento sísmico en lo económico que sacude los mercados latinoamericanos no se sentirá igual en Chile y México, las economía modelo al sur y el norte del continente, como tampoco en Bolivia, los países andinos y Centroamérica.

Naturalmente, la monumentalidad de la crisis venezolana tiene un impacto en todo el Caribe y Centroamérica. Uno de ellos es el previsible giro político de 180 grados a babor que viene haciendo toda la región para enfilarse hacia el norte, como lo hace incluso la propia Cuba, al acelerar su proceso de encuentro comercial y económico con Estados Unidos. Todos los gobiernos del Caribe y Centroamérica vienen buscando alternativas a Venezuela y su propuesta ya agotada de Petrocaribe, que les permitan navegar la turbulencia regional y sostener un crecimiento que se proyecta a niveles de 2,5% a 3,5% para 2016 en El Salvador, Costa Rica, Honduras y Guatemala, y más altos en Panamá (6%), Nicaragua (4%), República Dominicana (5%).

El gobierno de Evo Morales, al margen de la retórica política y sus afiliaciones con Chávez y ahora Maduro, ha cimentado una andadura económica exitosa. Para 2016, en medio de su difícil problema social y de pobreza con desigualdades, la economía boliviana crecerá nuevamente en 4%.

En Chile, la caída en los precios de los precios del petróleo impactará severamente. Por tanto, el gobierno de Michelle Bachelet anticipa un bajo nivel de crecimiento económico (de 2,2%) para 2016, con un déficit fiscal de 3% del PIB. Esto para Chile tiene representa un golpe de impacto social, pues se trata de una economía que traía un crecimiento sostenido entre 5,5% y 6% hasta 2014. En los hechos puede implicar un frenazo dramático.

Por su parte, México se proyecta estable en sus dificultades y, a pesar de la caída en los precios del petróleo, con un crecimiento moderado de 2,8% del PIB para 2016, y un déficit fiscal que podría cerrar en 3,3% (muy similar al de 3,5% de 2015)

En la región andina, Colombia se proyecta con un crecimiento igualmente moderado de 2,6%, e inflación bajo control a nivel de 4%. Perú continúa su desaceleración económica, proyectando un crecimiento de 3,4% para 2016, lo cual representa una seria caída con respecto a los altos niveles de crecimiento del orden de 7% y 6% que se registraron hasta 2013. Ecuador es otra economía en picada, sin poder escapar del temporal petrolero. Luego de crecimientos de 8% (2011), 5,6% (2012), 4,6% (2013) y 3,7% (2014), la economía ecuatoriana se viene acercando a la recesión registrando niveles imperceptibles de crecimiento en 2015 (0,5%) con proyección de 0,4% para 2016.

El rasgo resaltante de este relieve económico regional es que la resiliencia y década dorada de América Latina pasó sin resolver problemas estructurales, mucho menos los de pobreza o desigualdad.

En lo estructural, la dependencia de la exportación de materias primas es condena de la que solo escapa México cuyas exportaciones industriales representan 85% de sus ingresos (pues Chile depende todavía del cobre, 54% del total). Pero México –con una dependencia casi exclusiva del mercado de Estados Unidos que representa 80% de sus exportaciones–, se enfrenta al hecho de que su crecimiento va apareado al norteamericano que, por tratarse de una economía madura, crece a niveles de 2% y 3% anual en el todavía delicado contexto global. Entre tanto, las presiones de pobreza y desigualdad vividas por México exigen, para su alivio, un crecimiento económico sostenido de más de 7%. La aceleración económica, propia de las economías emergentes, impone creatividad en las políticas públicas del país azteca.

Lo social, pese a los avances registrados en Chile, Brasil, Colombia y México (en ese orden), persiste como asignatura pendiente en toda la región. Los contrastes siguen siendo dramáticos y la concentración de riqueza y las desigualdades son las más dramáticas en el contexto de países de nivel de desarrollo comparable.

Para atender lo social, y resolver el problema estructural antes expuesto, es clave la inversión en salud, infraestructura y comunicaciones; y muy particularmente en educación, pues de esto depende la posibilidad de fortalecer el músculo emprendedor y la capacidad de innovación en nuestros países, ambas condiciones esenciales para quebrar la dependencia de la exportación de materias primas, así como las dolorosas desigualdades.

El año 2016 no viene con cuentos. El liderazgo se probará en su capacidad para afrontar los desafíos con la cabeza clara y el corazón abierto a los padecimientos de sus pueblos. Y en cuanto a estos, un poco de sentido de realidad no les vendrá mal. Consumidos en las llamas de la ideología y la ilusión vana los primeros tres lustros del siglo XXI, quizá el cuarto se aborde con mayor madurez.

A mis lectores, mis votos de renovación y feliz año nuevo.

¿Qué hacer por la economía desde la Asamblea?

El Nacional, 20 de diciembre 2015

Nada reviste tanta prioridad para los venezolanos como la economía. Las colas en los abastos, los anaqueles vacíos, la pérdida de poder adquisitivo, el bajo ingreso familiar promedio, la imposibilidad de adquirir viviendas o conseguir un buen empleo son padecimientos diarios que dan cuenta de lo que indicaban las encuestas y quedó demostrado en el tsunami de votos castigo que recibió el gobierno de Nicolás Maduro el 6-D.

El problema de inseguridad ciudadana y violencia que azota a Venezuela tiene también sus raíces económicas. Cierto que la impunidad y los grupos delictuales organizados tienen gran incidencia en el saldo terrible de inseguridad que se sufre en Venezuela, pero en una economía de oportunidades y pleno empleo, con capacidad fiscal para aumentar nuestra inversión en más policías con mejor dotación, entrenamiento y salarios, el cuadro del crimen tendría registros muy inferiores a los actuales.

¿Qué puede hacer en esta materia la AN, ahora bajo el control opositor? En realidad, no es mucho lo que puede hacerse en ese espacio para dar el giro que la economía reclama. Pero algo puede hacerse. Y debe hacerse, para evitar una corresponsabilidad en la crisis que se profundizará en 2016.

Está claro que la gestión económica y fiscal es responsabilidad y competencia del Ejecutivo Nacional. Incluso, aun cuando se aprueben leyes económicas o de impacto tal, su ejecución, así como las políticas públicas que instrumentan las leyes, dependen del gobierno. No de la Asamblea Nacional.

Pero sí hay algunas cosas en las que la nueva mayoría debe pensar.

En primer lugar, está la cuestión presupuestaria. Lamentablemente, el presupuesto nacional de 2016 ya está aprobado, así que la incidencia que pueda tener la AN en la orientación del gasto e inversión pública no será de impacto hasta 2017 (a partir de las discusiones del presupuesto y el plan de endeudamiento para ese año, que comenzarán en el segundo semestre del 16). Por otro lado, el presupuesto discrecional y paralelo, que venía ejecutando el gobierno nacional por la vía de créditos adicionales al presupuesto, en perjuicio de las regiones, ya no luce posible, así que tampoco en ese mecanismo podrá la mayoría opositora apalancar soluciones dirigiendo recursos hacia inversiones públicas de impacto en la economía. Esto se debe a que el precio del petróleo venezolano se ha ubicado en los 31 dólares, menos de la estimación presupuestaria que facilitaba el manejo de “ingresos extraordinarios” por vía de créditos adicionales al presupuesto.

Puede establecerse una agenda de impacto fiscal y financiero para 2016, con efecto irrigador para la gestión financiera de Pdvsa y diversos sectores productivos del país. Por ese camino puede preverse una serie de interpelaciones que den cuenta exacta de lo que se dispone o se ha comprometido en el tejido de cooperación internacional en el Caribe y Cuba, con el propósito de racionalizarlo y condicionarlo a la promoción de mercados de exportación de bienes y servicios del sector privado nacional.

Se impone una cruzada de rendición de cuentas. Exigir claridad en cuestiones como el fondo establecido y la deuda contraída con China, para renegociar este mecanismo y convertirlo en una palanca de desarrollo (y no en una caja negra sin resultados visibles, como ha sido hasta ahora). Eso está en el mejor interés del país como en el del propio gobierno chino, con el que es deseable la mejor relación de mutua cooperación con beneficios recíprocos en los distintos intercambios comerciales, industriales, científicos o tecnológicos, de los que hasta hoy no hemos visto derivaciones concretas.

Se impone asimismo la función contralora. Es preciso reivindicar la autonomía de la Contraloría General de la República con un nombramiento que ponga fin a la sumisión y provisionalidad en que vive esta fundamental institución. Dado ese paso, la Comisión de Contraloría debe abordar, con el apoyo de un nuevo contralor, una agenda de investigaciones, que no solo haga inventario y arqueo de lo que ha sucedido estos años en materia de gasto, inversión pública, manejo de fondos parafiscales como Fondem, contratación pública en general y, en particular, el sector eléctrico y la propia Pdvsa. Esta lucha contra el despilfarro y la corrupción debe darse con toda la constancia y coraje que exige enfrentar tantos intereses creados a lo largo de estos años, porque su resultado será esclarecedor en lo financiero y las posibilidades reales de acometer cambios económicos, además de ejemplarizante para el manejo de la cosa pública en Venezuela.

También se puede promover una reforma legislativa a las leyes del Banco Central, régimen y delitos cambiarios, así como la de precios justos, para entrar en un diálogo nacional que permita alcanzar acuerdos traducidos en cambios concretos al absurdo sistema con el cual el gobierno ha metido al país en esta senda de escasez con alta inflación. De esos acuerdos puede también surgir un clima de menos conflictividad, más consenso y, por supuesto, confianza para la empresa privada. Si el gobierno bloquea ese camino (o decide no alcanzar acuerdos) imponiendo el estado de cosas actual, se agravará la crisis quedando clara su exclusiva responsabilidad en la misma.

La AN también podrá promover y aprobar una legislación de capitalización de las empresas del sector público, así como reactivación o reversión al sector productivo de las empresas y activos expropiados sin ningún resultado hasta la fecha. Estos cambios podrían incluir mecanismos de estímulo al primer empleo.

Otra deuda institucional, de impacto económico, es la de fortalecer la descentralización. Es mucho lo que se puede lograr en materia de inversiones públicas y servicios, convirtiendo a los gobernadores de estado en promotores de planes regionales de desarrollo. Esto pasa, por cierto, por estimular un diálogo político en el que tomen protagonismo gobernadores y alcaldes. Entre estos habrá, seguramente del lado oficialista, quienes coincidirán en propuestas y soluciones legislativas con gobernadores o alcaldes de oposición al gobierno nacional, a quienes la nueva mayoría parlamentaria empoderaría sacándonos de la estéril conflictividad que promueve el liderazgo oficialista a nivel nacional.

Durante mi época como legislador presentamos una alternativa a la ley y política de tierras del régimen, cuyo inmenso fracaso ha redundado en la dependencia total de las importaciones de alimentos e insumos alimentarios, por falta de producción nacional, además de la destrucción de unidades productivas expropiadas y millones de hectáreas de tierra ociosa en manos del Estado. Una nueva legislación de tierras y desarrollo agropecuario, como la que promovimos en la legislatura del período 2000-2005, permitiría capitalizar fondos regionales con tierras hoy controladas por el INTI; y traspasar esa gestión a los gobernadores de estado, con el mandato de adjudicar esas tierras mediante ventas (o arrendamientos) a cooperativas y empresas agropecuarias que reactiven el inmenso potencial agropecuario de Venezuela. Los recursos fiscales que reciban estos fondos regionales por la venta y arriendo de tierras se reinvertirían en créditos a la producción, infraestructura y transformación del medio rural, porque uno de los dramas que debemos detener es la marginalización de las zonas rurales con el consecuente éxodo migratorio que ha redundado en la ruralización de las barriadas de nuestras principales capitales.

Finalmente, la Asamblea podría abordar la reforma legal del sistema de pensiones y previsión social, incluyendo la política habitacional, esa gran tarea pendiente, con miras a producir resultados de mediano plazo en la reactivación de la construcción, de alto impacto empleador y factor clave para el crecimiento económico en nuestro país.

Son ideas concretas, propuestas para darle sentido al espacio parlamentario ahora reconfigurado por una mayoría democrática que ha llegado allí con la promesa de cambio y el compromiso de aliviar las penas de un país empobrecido y exhausto. 

¿Qué hacer con la mayoría parlamentaria?

El Nacional, 13 de diciembre 2015

El domingo pasado vivimos una gran jornada, histórica sin duda. Se ha abierto para Venezuela una dinámica de cambios cuyo manejo exitoso requiere evocar aquellas sabias palabras del general Eleazar López Contreras: Calma y cordura.

El año 2016 será social y económicamente más difícil que el actual. La unidad de análisis económico del Centro para la Democracia y el Desarrollo proyecta que, luego de una contracción económica de 7,2% para el cierre de 2015, experimentaremos una caída similar y adicional del PIB en 2016. El primer trimestre del próximo año se avizora agravado en materia de abastecimiento y de inflación, que se estima escalará al cierre del trimestre a una proyección de 240% anualizada.

Toca hacer una lectura meditada de lo acontecido. Triunfó la ruta electoral. Los planteamientos de cínicos y críticos quedaron desmentidos en los hechos, porque el resultado arroja una ventaja de 2 millones de votos a favor de la MUD, lo que reafirma el mérito de la plataforma unitaria.

Alguien podría decir que el triunfo no podían desconocerlo porque es muy amplio. Parece así, pero no es exacta esa apreciación. El reconocimiento del triunfo de la oposición también fue estrecho en muchos circuitos electorales, para muestra el del diputado 112, que configuró la pesadilla para el gobierno de las 2/3 partes de la Asamblea en manos de la MUD. Ese curul se adjudicó por diferencia mínima de 86 votos. Hay que repasar no menos de 20 circuitos reconocidos por diferencia muy estrecha de votos a favor de la MUD, y al hecho de que la mayoría calificada de las 2/3 partes es también resultado exponencial del sistema creado por el oficialismo para rentabilizar sus votos: al quedar derrotados hasta donde pensaban les era natural ganar, cayeron en su propia trampa, porque en las peores circunstancias, y con la mayor torpeza de su liderazgo, el movimiento oficialista obtuvo 41% de los votos frente a 56,5% de la MUD.

En suma, lo cierto es que somos mayoría. Y desde allí se impone la difícil tarea de reivindicar la autonomía del poder legislativo; ejercer la función contralora y presupuestaria para incidir positivamente en la crisis; proponer caminos de recuperación institucional y económica; y no quedar reducidos a la conflictividad que desean algunos. Hay que ganar la confianza del elector que ejerció el voto castigo. Hay que promover la reconciliación y la amnistía política. Y hay que acabar con la impunidad frente a la corrupción, así como otros crímenes que azotan al país, recuperando la autonomía de las instituciones judiciales a través de una reforma legal integral.

Pero también hay que entender que las elecciones parlamentarias no suponen un cambio en el Poder Ejecutivo; y que una de las cosas que debe hacerse desde la Asamblea es ejercer las facultades de control sobre aquel para incidir en la solución de la crisis, que en definitiva corresponde resolver al Gobierno.

Insisto, la Asamblea debe ser percibida como parte de la solución, no como parte del problema. Para ello, la conflictividad política y la pugna de poderes que se avecina, (si es esa la ruta que pretende el régimen, como da toda la impresión), debe enfrentarse con un plan propositivo, una narrativa política de cambio, una hoja de ruta para el país, incluidos aquellos sectores del chavismo que estén dispuestos a dar el paso, asumiendo que es la hora de la democracia.

Al oficialismo le toca hacer su lectura. El chavismo sin Chávez ya no está envuelto en un aura de invencibilidad. El miedo y las dudas quedaron derrotados por el hecho electoral; y esto permite a los ciudadanos y de la alternativa política al régimen escalar en la conquista de espacios que permitan construir una mayoría política sólida, sostenible y más amplia en las elecciones regionales del 2016 y las municipales de 2017.

Las excusas de "guerra económica" y conspiraciones no funcionaron. El gobierno de Nicolás Maduro fue castigado por su responsabilidad en el desastre y por sus evasivas a la profunda crisis económica donde se encuentran los venezolanos tras décadas de bonanza petrolera, lo que hace que ese sufrimiento sea inexplicable.

La élite oficialista no captó que las dificultades no solo acrecentarían el descontento, sino que también golpearían su credibilidad por presentar excusas o culpar a otros, como el sector privado. El pueblo de Venezuela los hizo responsables directos de su negligencia para abordar los problemas con reformas económicas creíbles y eficaces; y les cobró caro el cinismo y la mentira sistemática. La narrativa oficialista de la "guerra económica y la conspiración" se convirtió en una ofensa al ciudadano, incluyendo amplios sectores del voto oficialista.

Y así llegamos a las preguntas más importantes: ¿El Gobierno entenderá el mensaje?¿O seguirá embarcado en esa estrategia autodestructiva del escapismo y la radicalización? ¿Puede el país esperar, si los resultados electorales no se traducen en cambios concretos que alivien la pesadilla diaria del venezolano? Y la oposición, ¿se encaminará a un referéndum revocatorio o se enfocará en la consolidación de espacios políticos regionales y locales, con base en el calendario electoral?

Es una dinámica a observar con cuidado y sentido de la oportunidad. El referéndum revocatorio puede llegar en tiempo hábil para permitir otra elección presidencial o desembocar en una Presidencia encargada al Vicepresidente para concluir el periodo de Maduro: Esto dependerá de si ocurre este mismo año y no después del cuarto año de la Presidencia cuyo mandato quedaría revocado. En definitiva, falta entender si esto es el principio de un proceso espinoso, pero posible, o su será el catalizador de un escenario de ruptura histórica con desenlaces inmediatos.

El desafío que el 6- D ha arrojado sobre los hombros de los líderes emergentes en ambos lados del espectro político es comenzar un nuevo capítulo en la historia del país donde prevalezca el sentido común, que, como se sabe, suele ser el menos común de los sentidos.

With vote, Venezuela's people held Maduro's government accountable

Fox News Latino, December 7th 2015

The political earthquake in Argentina had a replica in Venezuela on Sunday.

The opposition coalition, Mesa de Unidad Democratica (MUD-Unidad), won both the raw popular vote and a supermajority of two-thirds in the National Assembly.

The excuses of "economic war" and conspiracies did not work. The people held the government of Nicolas Maduro and his party accountable for the deep economic crisis in which Venezuelans see themselves immerse after decades of oil bonanza — a fact that renders the suffering unexplainable.

Neither the intimidation to government employees and social programs beneficiaries, nor the persecution of key leaders held as political prisoners or the menace of political violence – at its worse with the brutal assassination of Luis Manuel Diaz, a regional opposition leader a week before the elections – could stop the people from turning out to vote and demand change.

The doubts hovering over a pacific, electoral and constitutional path to resolve the crisis and rebuild democracy in Venezuela, after years of neo-authoritarian populist rule, have been dissipated. 

Leaders as Henrique Capriles and other in MUD-Unidad had insisted without hesitation, despite of the critics and cynicism, that it was possible. They were right, and this is probably the most important political impact of Sunday's electoral result. 

Chavismo without Chavez is no longer wrapped in an “aura of invincibility.” Fears and doubts are now defeated by facts, and this empowers citizens and the political alternative to the regime in a way that will show more results as the country walks into governor races in 2016, municipal elections in 2017, and presidential elections in 2018. 

And here come the bigger questions: Will the government embrace changes and get the message, or will it continue this self-destructive strategy of radicalization? Can the country wait if electoral results don't translate into actual changes in people’s day-to-day economic nightmares? And will the opposition escalate from this result to a referendum that would call for a new presidential election altogether?

The new parliamentary majority held by MUD-Unidad cannot be used as a “political bat.” It would be a grave error to not embrace tolerance, especially since one of the big challenges for the new Assembly will be to enact an Amnesty Law that puts an end to persecution for the polarizing events of the past 15 years, and therefore release political prisoners such as Leopoldo Lopez. 

Amnesty does not imply impunity, but the reestablishment of an independent judiciary that can provide fair trials, under due process, to the many corruption cases that surround the current government elite. In the political and social front though, a social dialogue must promote amnesty and reconciliation.

The ruling Chavista elite did not realize that while the economic crisis accelerated discontent, it also took their credibility to provide excuses or place blame on others, such as the private sector. The people of Venezuela held them accountable for their neglect to address credible and efficient economic reforms, but also for lying recklessly about why this was crisis was actually taking place. The narrative of the “economic war or conspiracy” became offensive.

Now a national agreement continues to be necessary and the new majority in the National Assembly must engage in providing the people who elected them, in good measure as a punishment vote to the incumbents, with a path to economic recovery and reform. 

The democratic leadership must prevent the Assembly to be reduced to a sterile field for political conflict, unable to influence in the management of a crisis that will worsen in 2016, both in economic terms and in social terms. 

The objectives of political amnesty, reconciliation without impunity, as well as a national agreement to re-launch the economy through investment and production are priorities to address the crisis wisely. 

There is the potential for a conflict of powers between the executive branch and the packed Constitutional chamber of the Supreme Court, and soon to be former Assembly Speaker Diosdado Cabello has been clear that such a conflict is coming. Thus, the only way to challenge that contention is by unfolding a comprehensive proposal to cure the nation with a narrative and actions aimed at the people who expect much more from their institutions.

In such efforts, one strategic question is how to persuade some sectors of the Chavista ruling elite, not necessarily visible but those whose voices are silenced by the leadership, that their time has come. 

In fact, Nicolas Maduro’s negative ratings are beginning to have an impact over the “positive image of Chavez." A set of recent polling data by Keller and Associates, which predicted the outcome of Sunday’s election, confirms that fact. 

At first, amid the decline in popular support for Maduro, Chavez's image remained intact over 65 percent on average, with a peak in 2014 at 68 percent. It is no longer the case. Only in 2015 Maduro went from 33 percent to almost 18 percent, and now he dragged his "political father" positive memory to 49 percent.

Venezuela’s 6D parliamentary elections outcome should be interpreted by all as an opportunity to take a turn towards democracy ... or else enter a worse, much worse stage than that experienced in recent years.

The challenge and responsibility on the shoulders of the emerging leaders on both sides of the political spectrum, after the parliamentary elections in Venezuela, is to start a new chapter in the country's history.

Hopefully, if common sense prevails, it will be a better one.