El Nacional, 20 de diciembre 2015
Nada reviste tanta prioridad para los venezolanos como la economía. Las colas en los abastos, los anaqueles vacíos, la pérdida de poder adquisitivo, el bajo ingreso familiar promedio, la imposibilidad de adquirir viviendas o conseguir un buen empleo son padecimientos diarios que dan cuenta de lo que indicaban las encuestas y quedó demostrado en el tsunami de votos castigo que recibió el gobierno de Nicolás Maduro el 6-D.
El problema de inseguridad ciudadana y violencia que azota a Venezuela tiene también sus raíces económicas. Cierto que la impunidad y los grupos delictuales organizados tienen gran incidencia en el saldo terrible de inseguridad que se sufre en Venezuela, pero en una economía de oportunidades y pleno empleo, con capacidad fiscal para aumentar nuestra inversión en más policías con mejor dotación, entrenamiento y salarios, el cuadro del crimen tendría registros muy inferiores a los actuales.
¿Qué puede hacer en esta materia la AN, ahora bajo el control opositor? En realidad, no es mucho lo que puede hacerse en ese espacio para dar el giro que la economía reclama. Pero algo puede hacerse. Y debe hacerse, para evitar una corresponsabilidad en la crisis que se profundizará en 2016.
Está claro que la gestión económica y fiscal es responsabilidad y competencia del Ejecutivo Nacional. Incluso, aun cuando se aprueben leyes económicas o de impacto tal, su ejecución, así como las políticas públicas que instrumentan las leyes, dependen del gobierno. No de la Asamblea Nacional.
Pero sí hay algunas cosas en las que la nueva mayoría debe pensar.
En primer lugar, está la cuestión presupuestaria. Lamentablemente, el presupuesto nacional de 2016 ya está aprobado, así que la incidencia que pueda tener la AN en la orientación del gasto e inversión pública no será de impacto hasta 2017 (a partir de las discusiones del presupuesto y el plan de endeudamiento para ese año, que comenzarán en el segundo semestre del 16). Por otro lado, el presupuesto discrecional y paralelo, que venía ejecutando el gobierno nacional por la vía de créditos adicionales al presupuesto, en perjuicio de las regiones, ya no luce posible, así que tampoco en ese mecanismo podrá la mayoría opositora apalancar soluciones dirigiendo recursos hacia inversiones públicas de impacto en la economía. Esto se debe a que el precio del petróleo venezolano se ha ubicado en los 31 dólares, menos de la estimación presupuestaria que facilitaba el manejo de “ingresos extraordinarios” por vía de créditos adicionales al presupuesto.
Puede establecerse una agenda de impacto fiscal y financiero para 2016, con efecto irrigador para la gestión financiera de Pdvsa y diversos sectores productivos del país. Por ese camino puede preverse una serie de interpelaciones que den cuenta exacta de lo que se dispone o se ha comprometido en el tejido de cooperación internacional en el Caribe y Cuba, con el propósito de racionalizarlo y condicionarlo a la promoción de mercados de exportación de bienes y servicios del sector privado nacional.
Se impone una cruzada de rendición de cuentas. Exigir claridad en cuestiones como el fondo establecido y la deuda contraída con China, para renegociar este mecanismo y convertirlo en una palanca de desarrollo (y no en una caja negra sin resultados visibles, como ha sido hasta ahora). Eso está en el mejor interés del país como en el del propio gobierno chino, con el que es deseable la mejor relación de mutua cooperación con beneficios recíprocos en los distintos intercambios comerciales, industriales, científicos o tecnológicos, de los que hasta hoy no hemos visto derivaciones concretas.
Se impone asimismo la función contralora. Es preciso reivindicar la autonomía de la Contraloría General de la República con un nombramiento que ponga fin a la sumisión y provisionalidad en que vive esta fundamental institución. Dado ese paso, la Comisión de Contraloría debe abordar, con el apoyo de un nuevo contralor, una agenda de investigaciones, que no solo haga inventario y arqueo de lo que ha sucedido estos años en materia de gasto, inversión pública, manejo de fondos parafiscales como Fondem, contratación pública en general y, en particular, el sector eléctrico y la propia Pdvsa. Esta lucha contra el despilfarro y la corrupción debe darse con toda la constancia y coraje que exige enfrentar tantos intereses creados a lo largo de estos años, porque su resultado será esclarecedor en lo financiero y las posibilidades reales de acometer cambios económicos, además de ejemplarizante para el manejo de la cosa pública en Venezuela.
También se puede promover una reforma legislativa a las leyes del Banco Central, régimen y delitos cambiarios, así como la de precios justos, para entrar en un diálogo nacional que permita alcanzar acuerdos traducidos en cambios concretos al absurdo sistema con el cual el gobierno ha metido al país en esta senda de escasez con alta inflación. De esos acuerdos puede también surgir un clima de menos conflictividad, más consenso y, por supuesto, confianza para la empresa privada. Si el gobierno bloquea ese camino (o decide no alcanzar acuerdos) imponiendo el estado de cosas actual, se agravará la crisis quedando clara su exclusiva responsabilidad en la misma.
La AN también podrá promover y aprobar una legislación de capitalización de las empresas del sector público, así como reactivación o reversión al sector productivo de las empresas y activos expropiados sin ningún resultado hasta la fecha. Estos cambios podrían incluir mecanismos de estímulo al primer empleo.
Otra deuda institucional, de impacto económico, es la de fortalecer la descentralización. Es mucho lo que se puede lograr en materia de inversiones públicas y servicios, convirtiendo a los gobernadores de estado en promotores de planes regionales de desarrollo. Esto pasa, por cierto, por estimular un diálogo político en el que tomen protagonismo gobernadores y alcaldes. Entre estos habrá, seguramente del lado oficialista, quienes coincidirán en propuestas y soluciones legislativas con gobernadores o alcaldes de oposición al gobierno nacional, a quienes la nueva mayoría parlamentaria empoderaría sacándonos de la estéril conflictividad que promueve el liderazgo oficialista a nivel nacional.
Durante mi época como legislador presentamos una alternativa a la ley y política de tierras del régimen, cuyo inmenso fracaso ha redundado en la dependencia total de las importaciones de alimentos e insumos alimentarios, por falta de producción nacional, además de la destrucción de unidades productivas expropiadas y millones de hectáreas de tierra ociosa en manos del Estado. Una nueva legislación de tierras y desarrollo agropecuario, como la que promovimos en la legislatura del período 2000-2005, permitiría capitalizar fondos regionales con tierras hoy controladas por el INTI; y traspasar esa gestión a los gobernadores de estado, con el mandato de adjudicar esas tierras mediante ventas (o arrendamientos) a cooperativas y empresas agropecuarias que reactiven el inmenso potencial agropecuario de Venezuela. Los recursos fiscales que reciban estos fondos regionales por la venta y arriendo de tierras se reinvertirían en créditos a la producción, infraestructura y transformación del medio rural, porque uno de los dramas que debemos detener es la marginalización de las zonas rurales con el consecuente éxodo migratorio que ha redundado en la ruralización de las barriadas de nuestras principales capitales.
Finalmente, la Asamblea podría abordar la reforma legal del sistema de pensiones y previsión social, incluyendo la política habitacional, esa gran tarea pendiente, con miras a producir resultados de mediano plazo en la reactivación de la construcción, de alto impacto empleador y factor clave para el crecimiento económico en nuestro país.
Son ideas concretas, propuestas para darle sentido al espacio parlamentario ahora reconfigurado por una mayoría democrática que ha llegado allí con la promesa de cambio y el compromiso de aliviar las penas de un país empobrecido y exhausto.
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