El Nacional, 2 de agosto 2015
Al Gobierno de Maduro se le ha ido el año sin tomar medidas para corregir la situación económica del país, pero tampoco ha podido vender sus excusas y justificaciones. El resultado es un dramático agravamiento de la crisis, con proyecciones terribles para los próximos dos años, así como un catastrófico cuadro de opinión pública de cara a las elecciones parlamentarias.
Si bien el polo opositor no capitaliza todo el descontento, encuestas como las de Datanálisis reflejan la posibilidad de un masivo “voto castigo”, que encauzaría en gran parte ese descontento del 80% de los venezolanos. Más aún, según la encuestadora Venebarómetro, la intención de voto sería desfavorable al Gobierno aun en la hipótesis de una tercera opción de candidaturas independientes a la Asamblea Nacional, escenario en el cual, por primera vez en la historia contemporánea, el oficialismo sería la tercera fuerza de opinión e intención de voto en el país, aun cuándo sabemos que en la realpolitik ese escenario seria suicida para todas las fuerzas de cambio demócratico del país.
No obstante este cuadro, el Gobierno tiene una estrategia. Cimentado en la arbitrariedad y el escapismo radicalista, pero tiene una estrategia. En el plano político, el Gobierno va semana a semana lanzando bombas incendiarias como las inhabilitaciones políticas, la intervención de la Junta Directiva de Copei, y muchas más. Claramente, el propósito es desalentar, desmoralizar, confundir al país, creando la percepción en el elector opositor de que el evento de diciembre es un esfuerzo inútil, marcado por el fraude y por la imposibilidad de concretarse en una victoria electoral y que, en el caso de que ocurriera, sería pírrica o inútil.
Naturalmente, el Gobierno lee las mismas encuestas. Sabe que los sondeos dan márgenes tan favorables a la oposición que necesita bajar al mínimo el nivel de participación electoral. Allí radica su mayor posibilidad de ganar, al margen del voto popular y de las tendencias de opinión a nivel nacional. Sin duda, el diseño de los circuitos electorales, en ese escenario, les permite repetir situaciones similares a la del 2010.
En lo económico, la estrategia es electoralista y efectista. No apunta a resolver ningún problema, más bien podría agravarlos, pero refuerza el político consolidando el apoyo y movilización de su “voto duro”, que podría estar en el orden del 20-25% de la población. En un escenario de altísima abstención, ese apoyo duro sería suficiente para lograr el escenario descrito… con una ayudita del ventajismo y el fraude en centros electorales remotos cuando llega la oscuridad de la noche.
Este escapismo radicalizado en lo económico podría consistir, y lo repito hasta el cansancio, en repetir escenarios como el Dakazo, que cambió la suerte de las elecciones municipales el 2013. Creen en eso, qué se le va hacer. No les importa otra cosa que mantener el poder, al costo que tenga que pagar el país. Así de sencillo.
Opciones para concretar este absurdo, que en el pasado ha dado réditos políticos, ya se están esbozando. La intervención de los centros de operaciones de Empresas Polar en La Yaguara es un ejemplo. Se me ocurre al ver esto que el Gobierno, con el barril de petróleo en $47 dólares y sin margen de maniobra fiscal, acaricia la idea de repartir lo que producen otros como un “acto de justicia social”, pero beneficiando exclusivamente a su base más leal de sustento político. Quién sabe si hasta un default en la deuda externa se utilizaría como una herramienta electoral a lo Grecia, en una especie de cruzada nacionalista ya no solamente por el Esequibo, sino bajo la idea de usar esos recursos “para favorecer el pueblo, sin complacer al ogro de la banca internacional”, como si esa monstruosa deuda y la ausencia de flujos para honrarla, no fuese resultado de su propia voracidad e ineptitud.
El tercer elemento clave de la estrategia electoral del Gobierno es apalancar su mensaje con el cerco mediático que ha creado en el país.
¿Frente a eso, qué hacer? Lo primero, consolidar la unidad de las fuerzas de oposición y disidentes, además de convocar a la unidad nacional para enfrentar la grave crisis económica. No mostrar perturbación ante los obstáculos. Las inhabilitaciones de candidatos no pueden evitar que otro opositor ocupe ese lugar con éxito. Trabajar precisamente en una operación de tierra, contundente en el plano electoral, que penetre todo barrio, todo caserío, todo pueblo. Llevar un mensaje que no se quede en la crítica, sino que ingrese en el terreno de propuestas de reivindicaciones sencillas y movilizadoras. Difundir esperanza frente al caos. Y, por supuesto, dos iniciativas muy importantes: 1) ensamblar una plataforma de control electoral y defensa del voto con cobertura amplia y profunda en todo el territorio; y 2) elevar el costo político de la arbitrariedad en el contexto de la comunidad internacional.
En este sentido, el paso que dio Henrique Capriles esta semana, al reunirse con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, es una iniciativa acertada en esa dirección. Lograr una forma de observación o acompañamiento electoral internacional creíble o emplazar al gobierno ante un altísimo desprestigio político frente a quienes han sido hasta la fecha sus mejores aliados, terminará por fracturar al liderazgo oficialista, al mismo tiempo que un nuevo liderazgo en la Asamblea Nacional se decida a convertir ese espacio en el dispensador de soluciones reales a los problemas.
No va ser fácil el tránsito de los próximos meses, pero de que se puede se puede. El cambio se acerca. No será fácil, pero es posible.
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