El Nacional, 10 de agosto 2014
Esta semana es oportuna para articular el tema económico con lo político.
Venezuela necesita una nueva hoja de ruta. En lo político se requiere menos conflictividad, más descentralización y cooperación entre las distintas instancias de gobierno, y más diálogo social para alcanzar objetivos mínimos comunes en áreas críticas como el problema de inseguridad. En lo social se requiere de una política que promueva educación de excelencia, igualdad de acceso y oportunidades; y movilidad social ascendiente que nos permita reducir de forma gradual pero permanente la pobreza. Para lograr esto último, el país debe acelerar de forma significativa el crecimiento económico, a niveles no inferiores de 7% interanual sostenido, por al menos una década. En consecuencia, es fundamental un nuevo modelo económico caracterizado por la cooperación (y la distribución de tareas) entre la iniciativa privada y el sector público, con el objetivo de recuperar la producción nacional y el empleo productivo, bien remunerado, a través de un flujo importante de inversiones, donde las garantías y seguridad jurídica al sector privado son indispensables; y complementado ese esfuerzo emprendedor con un plan de inversión petrolera y de infraestructura pública ambicioso por parte del Estado, pero caracterizado por un manejo responsable de los recursos fiscales del país. Por supuesto, y como lo dispone la propia Constitución, el Estado tiene que estar vigilante y ejercer su capacidad promotora o su poder regulatorio para enfrentar las desviaciones típicas de todo proceso de desarrollo. Una economía social de mercado, donde tengamos tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, como nos enseña la exitosa experiencia Alemana.
Todo esto, así como la urgente recuperación de los equilibrios y contrapesos institucionales está enmarcado en la letra de la Constitución, hoy irrespestada a diario desde el poder. Hacer cumplir la Constitución, y convertirla en el punto de partida y encuentro entre los venezolanos es estos tiempos de crisis lo fundamental.
Resulta entonces difícil encontrarle sentido a la idea de activar la convocatoria de una Asamblea Constituyente (mucho más si se hace pensando en una jugada política para tomar en poder). No descartamos temas que es oportuno discutir para hacer enmiendas puntuales a la Constitución, por ejemplo, el relativo a la no reelección presidencial (si se mantiene el período constitucional de 6 años, o el recorte a 4 años para establecer una sola reelección inmediata). Estas son tareas que puede perfectamente hacer una nueva Asamblea Nacional, electa al calor de una importante movilización popular.
La crisis y sus causas, las alternativas para lograr el cambio son los temas que debemos salir a discutir casa por casa, pueblo por pueblo, ciudad a ciudad, en cada estado de nuestra geografía. Es hora de articular un ejercito de multiplicadores de un mensaje concreto que responda a la aspiración mas sentida de nuestro pueblo, que es el deseo de vivir en paz y con seguridad, con calidad de vida, en una economía de pleno empleo donde se respete la ley y los derechos de cada ciudadano. Es el momento de explicar a los venezolanos las causas de la actual crisis, injustificable cuando se rinda cuenta de los cuantiosos recursos económicos que ha recibido el país. Es la hora de la política, pero centrada en un mensaje y una propuesta que responda al sentir de la mayoría de los venezolanos, con una estrategia de activismo que pueda construir una clara y contundente mayoría; no para atropellar ni excluir a nadie, sino para ejecutar un mandato progresista que nos reúna como país nuevamente.
La Constitución nos convoca a una fecha cierta e ineludible el año próximo. Para quienes aspiramos una alternativa democrática ante el desgobierno que tenemos no debe existir otra prioridad (ni otras tareas) que trabajar en los consensos políticos y estratégicos para abordar el reto de construir una presencia parlamentaria comprometida con el cambio y capaz de promoverlo desde la Asamblea Nacional.
No estamos en un momento constituyente, estamos ante la necesidad de hacer cumplir la Constitución a través de una sólida movilización electoral en 2015; en unas elecciones parlamentarias que se acercan y en las que no podemos fracasar.
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