Arruinados en la abundancia

El Nacional, 3 de agosto 2014

Después de seis meses intentando diseñar una solución al problema económico y evadiendo su responsabilidad por el fracaso de un modelo colapsado, el gobierno aterriza en la inevitabilidad de profundizar el ajuste.

 Ya decretaron una devaluación mordaz (y quizás insuficiente para corregir las distorsiones creadas a lo largo de una década de control de cambios), así como también autorizaron aumentos de precios a una cesta de alimentos; pero ahora vienen más aumentos o ajustes, y entre ellos, un polémico aumento de la gasolina.

 El gobierno no puede pretender, con el apoyo de su partido, colocar al país frente a un ajuste económico y fiscal sin un cambio en el modelo que nos trajo hasta aquí, en medio de más de una década de bonanza petrolera.

 Es cierto que el ajuste económico es inevitable, pero inevitable será también la recurrencia de esta crisis económica sin un modelo de cooperación entre los sectores público y privado; o de continuar la conflictividad política. No pueden seguir la hostilidad contra la inversión privada, la ausencia de garantías a los derechos de propiedad y el intervencionismo exacerbado en la economía; así como tampoco el deterioro progresivo de nuestra industria petrolera y las empresas básicas o las expropiadas bajo este régimen. Tampoco puede profundizarse un modelo de endeudamiento con China que compromete nuestra producción petrolera a futuro por debajo de los precios internacionales y nos impone comprar bienes y servicios del país prestamista; ni es admisible que se refinancie o reprograme la deuda pública (y mucho menos con garantía de las reservas de oro del Banco Central) sin definir un plan de inversiones en infraestructura capaz de contribuir a la reactivación económica. Y finalmente, no se puede pedir sacrificios a nuestro pueblo sin revisar los convenios de cooperación petrolera internacional que comprometen cerca de 300.000 barriles diarios de petróleo con Cuba y los países del Caribe o Centroamérica, en una relación donde Venezuela no obtiene resultados o contraprestaciones que justifiquen y hagan sustentable la cooperación, como si ocurría en los tiempos del Acuerdo Petrolero de San José.

 Es precisamente frente a estos temas donde el gobierno no tiene respuestas, ni ha encontrado consensos sociales mínimos para tener la credibilidad y apoyo que se necesita para unir al país y salir adelante.

 Para aceptar cualquier programación de ajustes es necesaria una rendición de cuentas; y sobre todo condicionamientos y acuerdos mínimos en torno a objetivos concretos. De lo contrario, sólo se estaría repitiendo una larga historia de fracasos. ¿A qué me refiero? Tomemos como ejemplo el aumento del precio de la gasolina. Es inevitable y criminal con nuestra industria petrolera no sincerar gradualmente esa situación que ya representa un subsidio de más de 10 millardos de dólares anuales. Pero ese aumento no puede aceptarse sin condiciones y objetivos de políticas públicas muy concretos y favorables al pueblo que soportaría el costo de ese ajuste.

 Un aumento en los precios de la gasolina tiene dos impactos financieros muy relevantes. El primero es sobre los resultados operativos de PDVSA; el segundo es de orden fiscal, porque al aumentar los precios de la gasolina incrementaran sustancialmente las rentas fiscales producto de los impuestos que recaen sobre dicho rubro y su consumo. Los condicionamientos mínimos para el aumento de la gasolina deben ser: (1) Revisar el modelo de cooperación petrolera con Cuba, Centroamérica y el Caribe; y (2) Afectar los recursos que genera esta medida en los dos ámbitos descritos para financiar políticas públicas de impacto para mejorar nuestra calidad de vida, a saber: (a) En el ámbito de PDVSA, los recursos que genere la medida deben ser destinados exclusivamente a financiar un plan de aumento en nuestra producción petrolera. Ese plan de inversiones debe ser presentado y debatido ante la Asamblea Nacional con todos sus detalles; y (b) En el ámbito fiscal, los recursos deben represarse en cuatro fondos autónomos para ser administrados y desembolsados desde el Consejo Federal de Gobierno, con igualdad de acceso para todas las gobernaciones y alcaldías, exclusivamente para financiar proyectos de reforma y calidad educativa, acceso a la salud, seguridad ciudadana, y obras públicas o de infraestructura.

 Aceptar la inevitabilidad del ajuste o de medidas como el aumento en los precios de la gasolina sin condicionamientos ni objetivos, sin garantía de cambios profundos en el manejo de los recursos públicos, sería dar un cheque en blanco a quienes nos arruinaron en la abundancia.