lunes, 22 de febrero de 2016

La necesidad de un plan de inversión en infraestructura

El Nacional, 14 de diciembre 2014
En medio de la crisis económica que vive Venezuela, una de las cosas preocupantes es la ausencia de espacios para la discusión de ideas que puedan resolver los graves problema estructurales del país.
Uno de los temas centrales para concebir un modelo de desarrollo alternativo es un conjunto de políticas dirigidas a aumentar la inversión, tanto pública como privada, en infraestructura, a pesar de la caída en los precios del petróleo.
Los estudios de la CEPAL determinan que la inversión en infraestructura en Latinoamérica es muy baja, en promedio sólo el 3,5% del PIB, cuando se estima debe invertirse un mínimo del 7% del PIB para lograr impactos en materia de crecimiento económico, productividad, acceso a servicios de calidad y reducción de la pobreza. Pero en ese contexto el caso de Venezuela es dramático. Mientras países como Costa Rica, Uruguay, Nicaragua, Perú, Bolivia, Perú y Brasil invierten más del 4% de su PIB en infraestructura, Venezuela está invirtiendo menos del 2%. Al mirar estas cifras, surgen varias preguntas: ¿Y en qué se invirtieron los excedentes petroleros de la última década? ¿Para qué se ha endeudado al país hasta los niveles actuales? ¿Cómo es posible que en muchos cambios de gabinete nadie proponga una reorientación del gasto público?
El otro asunto alarmante es la inmensa corrupción que existe en la contratación para la ejecución de las pocas obras de infraestructura que se ejecutan. Desde hace años no hay licitaciones ni controles de calidad en la ejecución de las obras públicas.
Venezuela necesita un plan nacional de inversión en infraestructura que contemple proyectos en agua, electricidad, transporte, vialidad, telecomunicaciones, seguridad, escuelas, hospitales e infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria; articulando ese plan con objetivos de desarrollo regional y sectorial en cuya concepción se integre a los Gobernadores de Estado, a través del Consejo Federal de Gobierno; y al sector privado a través de alianzas publico-privadas, concesiones y otras formas de financiación y ejecución de obras con apoyo en la empresa privada. Ni siquiera aprovecha el país los recursos financieros y de asesoria a los que tiene acceso de pleno derecho en organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. 
En estos días se escucha mucho hablar de la necesidad de ajustes, devaluación, aumento en el precio de la gasolina y otro catálogo de medidas de corte fiscal y macroeconómico; pero se requiere una discusión pensada e incluyente que permita reorientar el gasto y el endeudamiento público, para financiar una política que cierre la brecha de la inversión en infraestructura, para concebir una estrategia de promueva crecimiento económico sostenible con alto impacto empleador y mejoras en la calidad de vida del Venezolano.
La Asamblea Nacional debería ser el espacio por excelencia para este tipo de discusiones, y en concreto para la adopción de medidas por la vía de la aprobación del presupuesto y la autorización del endeudamiento nacional; pero el parlamento ha sido castrado por falta de voluntad política en la mayoría oficialista para impulsar cambios en el  país.
Se acercan las elecciones parlamentarias en el 2015. Vale la pena tomar conciencia de lo importante que es recuperar ese espacio e iniciar un cambio en Venezuela.
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