El Nacional, 17 de junio 2014
No hace mucho el gobierno celebraba los reconocimientos que le hacía la ONU por intermedio de la FAO en materia de seguridad alimentaria, coincidiendo con escándalos de hallazgos de containers con alimentos podridos importados por Pdval, creciente escasez de alimentos y una galopante inflación, por lo cual la sola distinción internacional provocaba irritación en amplios sectores de la opinión publica.
La realidad es que a nivel internacional los multilaterales no reciben información creíble o suficiente del gobierno de Venezuela; y cuando opinan lo hacen dando crédito a la que reciben, cada vez más comprometida por razones políticas. Pero en esto de la seguridad alimentaria el organismo internacional opinaba sobre una realidad en retrospectiva, es decir, miraba por un espejo retrovisor. Y algo peor, lo que observaba por ese espejo retrovisor se proyectaba como un espejismo en el futuro inmediato. Al mirar cifras oficiales hasta 2010 y 2011 se podía observar un alto poder adquisitivo en los sectores populares, junto con un importante impacto en la distribución de alimentos a precios muy solidarios. Era posible porque se trataba de importaciones de alimentos para programas oficiales a una tasa de cambio subsidiado. Pero el espejismo cedió al acercarnos a estas fechas, y la imagen del oasis desapareció ante los ojos de millones de venezolanos.
Hoy aquel pronunciamiento de la FAO simboliza una verdadera ironía, que ofende al venezolano y descalifica a sus técnicos. La realidad de escasez y altos precios pesa sobre la dieta del venezolano común, y la idea de soberanía alimentaria es inexistente debido a la destrucción de la producción nacional por una política de importaciones subsidiadas con base en un régimen cambiario insostenible y todavía agonizante. Al igual que la devaluación se llevó por delante aquellas cifras de reducción de la pobreza, ya que el salario mínimo pasó de 519 a 85 dólares mensuales en un trimestre, el impacto de la misma sobre el costo de la vida se ha transformado en una pesadilla para el venezolano.
La canasta alimentaria alcanzó un costo de 9.986,67, bolívares lo cual equivale a 2,5 veces el salario mínimo luego de su reciente aumento del 30%, y es que en realidad la inflación de los alimentos es la más alta de la canasta básica, y la de mayor incidencia en el aumento de la inflación, al punto de que la inflación anualizada total se proyecta en el orden de 60% y en alimentos en más de 80%. En efecto, el incremento del IPC en el mes de mayo fue de 5,73% y en su formación el aumento de los alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó en 2,82%, con una incidencia de 49,2%. Pero, por si fuera poco, el drama de la inflación en los alimentos no viene solo. Está acompañado por un índice de escasez del orden de 50%, incluidas las cadenas o redes de distribución gubernamental (Mercal, Pdval y Bicentenario).
¿Que dirá ahora la FAO si revisa estas cifras?
El problema es real. No hay censura ni conflictividad política que lo pueda esconder. Tampoco hay guerra o sabotaje económico. El empresariado tiene meses sentado en un proceso de diálogo con el gobierno, y los problemas se agravan. El gabinete económico luce sin liderazgo capaz de articular una visión que represente la solución. Estamos frente a un gobierno paralizado por sus contradicciones, en medio de una crisis económica de graves implicaciones alimentarias que se lo devora.
Pero esta crisis alimentaria en puertas no le pertenece exclusivamente a este gobierno de Nicolás Maduro. Es el legado de un modelo económico que fracasó porque se encontró con sus límites racionales, y ahora comienza a incumplir su promesa básica de resolver la deuda social que sigue pendiente con el pueblo venezolano.
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